La fiscal suprema titular Zoraida Ávalos Rivera fue designada como representante del Ministerio Público ante el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, para completar el periodo institucional 2023 – 2025.

La Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N.° 21-2024-MP-FN-JFS  lleva la firma del fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, y fue publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La misma resolución da por concluida la designación de Liz Patricia Benavides Vargas, como representante del Ministerio Público ante el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (AMAG) para el periodo 2023 – 2025.

Precisan que, a través de la Resolución N.° 089-2024-PLENO-JNJ, del 23 de mayo de 2024, recaída en el Procedimiento Disciplinario N° 001-2024-JNJ, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia impuso la sanción de destitución a Liz Patricia Benavides Vargas, en su actuación como fiscal de la Nación.

Debido a ello, la Junta de Fiscales Supremos, el pasado 30 de mayo de 2024, aprobó por unanimidad dar por concluida la designación Benavides Vargas como representante del Ministerio Público ante la Academia de la Magistratura y designar a Zoraida Ávalos Rivera para completar el periodo institucional 2023 – 2025.

Señala además que la directora general de la Academia de la Magistratura solicitó, el 25 de enero de 2024, que se nombre el reemplazo o la designación de un representante del Ministerio Público ante este organismo. 

La Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura precisa que el Consejo Directivo es el más alto órgano de la Academia y está integrado por siete consejeros, entre ellos dos designados por Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público.

Cabe precisar que Zoraida Ávalos retomó sus funciones como fiscal suprema titular luego de que la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar inaplicable los efectos de la Resolución Legislativa N° 024-2022-2023-CR que la inhabilitó para el ejercicio de la función pública y ordenó su reincorporación.

El pleno del Congreso aprobó en junio de 2021 la acusación constitucional que inhabilita a Zoraida Ávalos Rivera, fiscal suprema titular, para el ejercicio de la función pública por cinco años.

Se le atribuyó una presunta infracción del artículo 159 de la Constitución Política y la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.