El Poder Judicial autorizó levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil de Lilia y Yenifer Paredes, esposa y cuñada del expresidente Pedro Castillo, respectivamente, en el marco de la investigación preparatoria que se les sigue por el caso ‘Anguía’.

El juez Raúl Justiniano declaró fundado el requerimiento que hizo el fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, quien tiene a su cargo está investigación preparatoria.

El magistrado también acogió el pedido que hizo el representante del Ministerio Público para que se autorice levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil de David y Walter Paredes, hermanos de la esposa del expresidente Pedro Castillo.

Así como de Rusbel Oblitas Paredes, sobrino político del exmandatario del exalcalde de la localidad de Anguía (Cajamarca), José Medina, del empresario Hugo Espino y otras 35 personas naturales, además de otras seis empresas vinculadas al caso.

En una resolución, emitida el último 14 de mayo, el magistrado determinó que las empresas del sistema bancario nacional y la entidad tributaria y bursátil brinden la información requerida por Fiscalía respecto al periodo que va desde el primero de enero del 2019 hasta la fecha en que se hizo este requerimiento.

El juez Justiniano Romero también preciso que el Ministerio Público debe cumplir con informar a su despacho sobre la ejecución de esta resolución judicial en un plazo de cinco días después de haber ocurrido para los fines pertinentes.

CASO ANGUÍA

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye Yenifer Paredes,  junto a su hermana Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo , sus hermanos Walter y David Paredes, José Medina  y otros ser parte de una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas-

Según la hipótesis fiscal, la red tenía como campo de acción los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se habría favorecido a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.