Fuertes indicios de que ministro Arista está de salida

Por César Gutiérrez.

El Montonero

Los 119 días que lleva de gestión José Arista como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), han sido decepcionantes. Siendo un profesional con una trayectoria de 30 años ocupando importantes cargos en la administración estatal, se esperaba mucho más de él. 

El ministro Arista ha exhibido: docilidad ante los pedidos de Dina Boluarte y las decisiones del Congreso, incapacidad para dictar medidas efectivas para controlar el déficit fiscal, desatino en sus declaraciones a la prensa y carencia de análisis y toma de decisiones ante la grave situación de Petroperú (PP). 

El Congreso ha tomado la iniciativa para allanar la salida del ministro presentando dos mociones de interpelación, una con 71 votos (moción 11843), por temas diversos relacionados a su cartera. Se ha presentado un pliego interrogatorio con 15 preguntas, al que no le veo mayor dificultad en absolverlas. Hay una segunda interpelación, por el caso PP, con 77 votos (moción 11875), con un cuestionario de 6 puntos, donde sí percibo un panorama complicado.

Las seis interrogantes planteadas en la moción 11875 apuntan en un solo sentido, la explicación de las decisiones tomadas (DU-004-2024) y las que piensa tomar para su promesa de salvataje a PP. Todo lo que diga puede ser usado en su contra.

Lo que responda el ministro no solo contará para la valoración de los congresistas, sino para lo que interpreten las calificadoras de riesgo, que puede tener su correlato en la pérdida del grado de inversión del país, situación que está siendo soslayada en el análisis local. 

Para el diagnóstico de PP se tienen tres variables: 1) las necesidades de recursos para iniciar la recuperación, 2) la capacidad de pago de la deuda, y 3) las inversiones adicionales que deben hacerse en el futuro inmediato de manera inexorable. 

En el primer punto, el directorio ha mencionado en comunicado (010-2024) que requieren con carácter de urgencia 2200 millones de dólares (MMUS$), que no cubriría el déficit de capital de trabajo que asciende a 2794 MMUS$. 

En el segundo, para evaluar la capacidad de pago de deuda con horizonte 2032, hay que considerar que es necesario cubrir los gastos administrativos y de ventas que ascienden anualmente a 302 MMUS$. Para la deuda se necesitan 465 MMUS$ anuales para el pago de intereses de bonos, intereses y principal de crédito sindicado avalado por agencia española y provisión para el pago de la primera emisión de bonos con vencimiento en 2032. 

Los ingresos previstos con el margen de refinación y la producción de la Nueva Refinería Talara (NRT) operando al 90% de capacidad, resultan insuficientes en 139 MMUS$ para cubrir gastos y deuda. Las herramientas adicionales que tendrían a la mano son: la renta que le dejaría el ser socios de la operación de los lotes X y 192 y el margen de actuar como importador de diésel que les permita operar como comercializador por encima de lo producido en la NRT.

El tercer punto se refiere a la necesidad de invertir para que a partir de octubre del 2025 puedan producir diésel y gasolinas con 10 partes por millón (ppm) de azufre, que es una obligación normativa (DS-003-2004-EM) para lo que se necesitan 200 MMUS$ aproximadamente. 

Las variables que dispone el MEF son: diferir por decreto de urgencia (DU) las obligaciones de corto plazo que se tienen con el Estado o avalados por éste que ascienden a 968.5 MMUS$, el déficit de capital de trabajo se reduciría a 1829 MMUS$ que sumados a la inversión para combustibles a 10 ppm, sumaría 2029 MMUS$. Es decir, la necesidad de financiamiento urgente sigue en el orden de 2000 MMUS$, que es lo que tiene que resolverse. 

Tres caminos de salida: 1) aporte o préstamo del MEF, lo que está negado por la meta del déficit fiscal de 2.5% del PBI, donde estas cuentas no están incluidas, 2) emisión de bonos soberanos que requerirá modificar la ley de endeudamiento, y 3) préstamo del Banco de la Nación, que ya está bastante comprometido con 1800 MMUS$ con PP, a pesar de tener garantía soberana. 

La interrogante es qué administración garantiza que un nuevo salvataje pueda cambiar la insolvencia de PP. No veo que el ministro tenga la respuesta.