El disminuido voto del elector peruano

Por Miguel Ibarra

El Montonero

La representación política es un elemento clave en las democracias contemporáneas. Puede ser entendida como el resultado de delegar las decisiones sobre los asuntos públicos del Estado a un grupo de ciudadanos a quienes, de manera legítima y mediante un proceso de elección, les otorgamos poder para legislar y gobernar en nuestro nombre. La representación es (ideológica y socio demográficamente) el vínculo y compromiso entre gobernantes y gobernados, entre electores y elegidos, así como la relación de confianza entre el elector y las organizaciones políticas como bien señalaba David Easton (1979).

Hanna Fenichel Pitkin, establecía que además la representación debía verse desde cinco dimensiones: i) la representación como autorización (es decir, la delegación como forma legal de uso del poder); ii) la representación como descripción o representatividad (es decir, que este sea proporcional electoral y geográficamente); iii) la representación como receptividad (responsiveness); iv) la representación como rendición de cuentas o responsabilidad (accountability); y, v) la representación simbólica o legitimidad (es decir la aceptación por voluntad propia).

Sin embargo, los cambios en el mundo, así como la realidad social y política de cada país, han deteriorado la confianza y el valor de la representatividad. Incluso nos han llevado a cuestionar su legitimidad, destruyendo inconscientemente la legitimidad y el valor del voto ciudadano dentro de una democracia representativa, en el que la lógica del conflicto es hacer mucho con pocos. Es así que nos hemos convertido como país en la democracia menos representativa de todo Sudamérica.

Con la publicación de la Ley N°31988, “Ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú”, se debió de poner en debate una reforma electoral que empodere el voto ciudadano y aumente el nivel de representación por elector. Sin embargo, el cálculo político de un parlamento desprestigiado por la mayoría de sus propios representantes no se atrevió a enfrentar el problema. Entonces vale la pena preguntarnos: ¿cuántos senadores y diputados elegiremos proporcionalmente para cada cámara? Elegir 130 sería un suicidio para nuestra débil y menoscabada democracia representativa.

Bolivia por citar un ejemplo, tiene una población electoral de siete millones de electores y cuenta con 166 representantes (entre senadores y diputados) es decir con menos de la mitad de la población del Perú y de Lima, posee 36 curules más que el Perú. Chile tiene una población electoral de quince millones, y cuenta con 205 representantes (entre senadores y diputados) es decir tiene 75 más representantes que nosotros; y Ecuador con trece millones de electores tiene siete curules más que el Perú.

Desde la perspectiva del poder o valor del voto ciudadano, en países como Chile, por cada 73,545 electores se elige un representante. En Bolivia, por cada 42,357; en Ecuador, por cada 95,614 electores. Sin embargo, en el Perú se elige un representante por cada 194,522 electores. Lo paradójico de estas cifras es que en la década de los ochenta el Congreso bicameral del Perú guardaba una mejor proporción con 240 legisladores entre las dos cámaras, cifra que este Congreso debió respetar. Por otro lado se debería acabar con el híbrido, improductivo e inoperante parlamento andino, refugio de quienes cobran dinero sin producir una sola ley.

Recientemente la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia) presentó el Informe sobre bicameralismo adoptado por la Comisión de Venecia en su 138 a Sesión Plenaria (Venecia, 15-16 de marzo de 2024), en el que se llegó a la conclusión de que existen pruebas teóricas ni empíricas que demuestren que el sistema unicameral o el bicameral sean más democráticos o más eficaces. Entonces, ¿valió la pena el debate por la bicameralidad?

El precitado informe señala además que la legislación nacional debe garantizar la inmunidad, establecer normas sobre conflictos de intereses (incompatibilidad) y prestar un apoyo financiero que cubra, cuando menos, los gastos ocasionados por el ejercicio de sus funciones.

Cynthia Fleury, decía que “vivimos en un mundo que está siendo puesto a prueba por un cúmulo de vulnerabilidades sistémicas: pandemias, inundaciones, calentamiento global, movimientos migratorios, megaincendios, terrorismo y esto está sacudiendo tanto la vida de los individuos como la de los sistemas sociales y políticos”. Estos factores (a los cuales se le suman los casos de corrupción) impactan en nuestra salud física y mental, y por supuesto en la vida política del estado, generando ansiedad, miedo al colapso o resentimiento, y generándonos desconfianza hacia lo político.

Finalmente, concluyo señalando que la democracia peruana tiene sus falsos profetas, con convenidos seguidores y sus oportunistas enemigos.