Por Jorge Turpo Rivas

En un pronunciamiento conjunto, gremios sindicales y dirigentes del agro, sostienen que la minería no es la única alternativa de desarrollo. Plantean que se impulse el Gasoducto al Sur, la Planta Petroquímica y el Puerto de Corío que son más sostenibles en el tiempo.

PIDEN RESPUESTA DEL GOBIERNO PARA EVITAR CONFLICTO

Cerca de veinte gremios, organizaciones y representantes de la sociedad civil de la provincia de Islay, solicitaron la cancelación definitiva del proyecto minero Tía María de la empresa Southern.

“Nos quieren hacer creer que la minería es la única alternativa de desarrollo y eso no es cierto. En Islay tenemos a la agricultura que genera más puestos de trabajo y tenemos otras alternativas de desarrollo como el Gasoducto al Sur, la Planta Petroquímica y el puerto de Corío que significan una mayor inversión que Tía María y tienen mayor durabilidad porque la mina se tiene que cerrar al cabo de unos años”, dijo Pablo Espinoza Chirinos, secretario general de la Federación CGTP de Islay.

En su pronunciamiento detallan que el proyecto Tía María es inejecutable técnicamente porque hubo 138 observaciones de la UNOPS (organismo adscrito a las Naciones Unidas) que no han sido levantadas en su totalidad.

El secretario de Planificación de la CGTP – Islay, Máximo Miranda Delgado, explica que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental de Tía María no levantó las observaciones de la UNOPS.

“Se asumieron compromisos, pero no se absolvieron las observaciones en su totalidad y lo más grave es que Southern ha ido cambiando de fuente de obtención de agua. Primero dijo que usaría agua subterránea, después agua de mar y últimamente viene difundiendo que lo hará del río Tambo para lo cual construirá una represa en la parte baja que es un despropósito porque se arenará muy rápido”, dijo Miranda.

Sobre la posibilidad de dialogar con la empresa Southern para absolver las dudas y cuestionamientos, el dirigente dijo que con quien se tiene que dialogar es con los representantes del Gobierno central.

“Con Southern no tenemos nada que dialogar, ellos tratarán de convencernos y nosotros a ellos, aquí hay que dialogar con el gobierno para que tome una decisión de acuerdo al interés de la población de Islay que es la cancelación definitiva de Tía María y que empiece a poner más interés en el desarrollo de los proyectos como la petroquímica y el puerto de Corío”, apuntó.

El documento firmado por 18 dirigentes recuerda que los tajos de Tía María y La Tapada están ubicados a una distancia de 3 a 7 kilómetros de la zona agrícola del Valle de Tambo y a 10 kilómetros del Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

El proyecto, detallan, ocasionaría un impacto ambiental directo sobre 13 mil hectáreas de cultivo, la destrucción de 8 mil hectáreas del ecosistema frágil en Lomas de Cachendo, el quebrantamiento de la zonificación ecológica, entre otros.

Miranda agrega que el proyecto es rechazado por la desconfianza que genera la empresa Southern al querer imponer su inversión sin contar con una verdadera licencia social.

“El Grupo México, al que pertenece Southern, no es confiable. Han recibido 11 sanciones de la OEFA entre el 2011 y 2014 por la ejecución de proyectos en Moquegua y Tacna. Además, con los conflictos que generaron, provocaron la muerte de ocho personas en las protestas en el Valle de Tambo”, indicó.

De otro lado, Miranda anunció que los gremios y organizaciones de Islay se sumarán a la jornada nacional de lucha convocada para el próximo 19 de julio.

“Es una plataforma de lucha nacional en la que incluiremos el pedido de la cancelación definitiva del proyecto minero Tía María”, refirió.

PRONUNCIAMIENTO

El pronunciamiento de los gremios de Islay concluye en lo siguiente: El gobierno regional debe cancelar definitivamente el proyecto Tía María – La Tapada; prestar atención y dedicarse a la ejecución y construcción de proyectos de inversión que realmente impulsen el progreso, bienestar y desarrollo a largo plazo. Descartar aquellos que no generen muchos puestos de trabajo, no contribuyen decisivamente con el tesoro público y ocasionan impactos ambientales ecológicos y económico-financieros que el propio Estado debe encarar y solucionar.