POR PRESUNTO USO INDEBIDO DE BIENES DEL ESTADO

El Ministerio Público ejecuta allanamientos y descerrajes con fines de incautación de equipos de cómputo, documentos y otros en 10 inmuebles vinculados al congresista Darwin Espinoza Vargas. Esto debido al caso de la creación de lo que sería su agrupación política Adelante Áncash.

El operativo, llevado a cabo por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, de manera simultánea se realizó en seis inmuebles en Chimbote y cuatro en Lima y Callao. Asimismo, la investigación se da bajo los presuntos delitos de peculado de uso y concusión por uso indebido de bienes del Estado.

Espinoza habría utilizado trabajadores de su despacho para que viajen a la región y puedan concretar la inscripción del movimiento regional. La hipótesis fiscal señala que en el caso también estaría involucrado su hermano Renato Espinoza.

CASO ADELANTE ÁNCASH

El Ministerio Público realiza estas diligencias para recoger todos los documentos posibles luego de la denuncia de Punto Final. El citado medio reveló que los trabajadores de Espinoza se encontraban fuera de sus oficinas para viajar hasta Áncash con sus propios recursos y para recolectar firmas con la finalidad de beneficiar al movimiento regional.

Además, tenían que asumir los materiales que se les iba a regalar a los ciudadanos a cambio de una firma. En una minivan eran trasladados cada encargado para lograr obtener las autógrafas y brindaban pelotas, entre otros.

A esto se suma que en enero, el despacho Espinoza solicitó 10 mil hojas bond a la Oficina de Abastecimiento, las cuales habrían sido destinadas a la impresión de fichas de afiliación para su agrupación política. Este material aparece en las instalaciones de su oficina parlamentaria y se imprime como si fuera parte de las actividades.

Extrabajadores del parlamentario informaron que las instalaciones también se estaban utilizando para almacenar mesas empleadas en el proceso de recolección de firmas, necesario para formalizar la inscripción de la agrupación. Los mismos aseguraron que fueron comisionados para recoger firmas en diversas localidades de Áncash, bajo amenaza de perder sus empleos si se negaban a participar.

Sin embargo, sus labores no culminaban ahí, debido a que se tendría que corroborar la identidad de cada firmante en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).