La exalcaldesa de Lima Susana Villarán seguirá cumpliendo de “manera virtual” la regla de conducta de pasar cada 15 días por un control biométrico, en  el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por las presuntas irregularidades detectadas en el Proyecto Vial Línea Amarilla.

Así lo dispuso la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional al declarar infundado el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público para revocar la resolución que emitió el juez Jorge Chávez Tamariz el último 17 de enero en la que aceptó la solicitud de la exburgomaestre capitalina para que se ordenará una prórroga de dicho control biométrico “de manera virtual”.

La Fiscalía sostiene que la resolución del juez Chávez Tamariz vulnera al derecho a la debida motivación, ya que no se ha precisado el periodo de la prórroga solicitada ni se ha señalado un dato objetivo que permita su determinación, por lo que no existen sustentos probatorios que determinen una situación excepcional por razones de salud y, además, porque en este caso concreto existe un peligro de fuga con cierto nivel de intensidad.

No obstante, el tribunal superior determinó que la resolución impugnada contiene una adecuada motivación, habiendo justificado razonablemente la decisión adoptada en las condiciones particulares de salud y edad de la investigada, su arraigo al proceso, así como en los estándares normativos aplicables que garantizan una atención prioritaria y digna para las personas adultas mayores.

La sala superior precisó que en el caso concreto, se advierte que la procesada, próxima a cumplir 75 años, padece enfermedades crónicas que han sido reconocidas en anteriores pronunciamientos judiciales y que podrían agravarse ante el estrés que le genera el proceso. Asimismo, indican que el traslado quincenal tendría que efectuarse desde Lurín, donde reside en la actualidad,  para cumplir con el registro biométrico de manera “presencial”.

“En consecuencia, exigir a la investigada Villarán de la Puente, dada su edad y condiciones de salud, que se traslade desde su domicilio ubicado a dos horas de la ciudad para cumplir con el registro biométrico presencial cada 15 días, no resulta razonable ni acorde con la especial protección y facilidades que se le debe brindar en su calidad de adulta mayor”, precisó el colegiado superior en una resolución, emitida el último 14 de junio, según RPP.