La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional en contra del exmandatario Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ideal en agravio del Estado.

El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales se encargó de presentar la denuncia contra el expresidente por el nombramiento del excongresista Daniel Salaverry como presidente del Directorio de Perupetro.

La denuncia constitucional considera que la Resolución Suprema No 002-2022-EM del 9 de enero de 2022 no estaría provista de legalidad, pues Salaverry no cumpliría con los requisitos.

La denuncia constitucional contra Castillo Terrones llega luego de que el Tribunal Constitucional declarara «improcedente» una demanda de hábeas corpus presentada por su defensa legal que pretendía se declare su inmediata libertad y reposición en el cargo de presidente de la República.

El máximo intérprete de la Constitución determinó que ni en la demanda ni en los demás actuados se advierten argumentos de relevancia constitucional respecto de la amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales que justifiquen la declaración de nulidad de todo lo actuado en el proceso.

Por tanto, el exmandatario continuará recluido en el penal de Barbadillo para cumplir los 36 meses de prisión preventiva ordenados por el Poder Judicial.