Gracias a que la Procuraduría Lava Jato nunca embargó los peajes de sus empresas, y le permitió seguir cobrando al Estado, el confeso delincuente José Graña ha obtenido nuevos ingresos económicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esta vez se trata de 18 millones de soles de los peajes del Consorcio Norvial en la Panamericana Norte. Estos funcionaban por un contrato del conglomerado formado por Aenza (antes Graña y Montero) y el fondo chileno BCI.

El periodista Paolo Benza mostró los documentos del acuerdo entre los empresarios y el MTC. El argumento central era compensar la prohibición de cobrar por el paso de los autos durante la pandemia de Covid-19.

La situación duró del 10 de mayo del 2020 al 30 de junio de ese año. Norvial informó al Estado que había dejado de percibir ingresos equivalentes al paso de 860 mil vehículos, por lo cual aceptó una reunión de conciliación.

Como el Tribunal Constitucional de esa época declaró nula esa prohibición, varias concesionarias de peajes exigieron ser compensadas, y los intereses de Graña se unieron a esta demanda.

“Acto 1: Congreso pasa una ley, Acto 2: El TC la declara inconstitucional, Acto 3: Empresa afectada por la ley pide reembolso, Acto 4: El Estado tiene que pagarle de nuestros impuestos”, cuestionó Benza.

Hasta el momento, la procuradora Silvana Carrión no se ha pronunciado.

Para muchos sectores de la población, el que Odebrecht y Aenza (ex Graña) sigan cobrando peajes es impunidad. Ninguno de los accionistas de estas empresas fue condenados a cárcel, ya que delataron a otras personas.