La mandataria debe declarar las propiedades e ingresos que tiene, es algo sobre lo que no debe quedar halo de duda.

La primera mandataria de la Nación, de acuerdo a ley, tiene la obligación de declarar sus balances patrimoniales en cada año de gestión, el cumplimiento de esta disposición debe ser ejemplo para los demás funcionarios públicos, como una muestra del respeto que merece el manejo de los presupuestos colectivos, pero no lo está haciendo de acuerdo a un desbalance revelado por el contralor general de la República, Nelson Shack.

Lamentable coincidencia existe entre la información dada por Shack y la realidad nacional, pues el Ejecutivo ha propuesto a un nuevo funcionario para el cargo de máxima autoridad de la Contraloría, justamente cuando se señala que no hay una relación proporcional entre ingresos declarados y reales.

Debe procederse a actuar conforme a ley para esclarecer la situación de los ingresos patrimoniales de la señora Boluarte y los que han sido detectados por la Contraloría General de la República. Así debe sentirse obligada la presidenta a ser ejemplo entre todos los que tienen la obligación de concordar las propiedades que declaran con las que realmente adquirieron.

Hasta que no se demuestre lo contrario tendrá favorable consecuencia las afirmaciones del contralor y por el contrario desfavorable opinión hacia quien no tiene las cuentas claras.

Debemos tener en consideración los sucesos protagonizados por la señora Boluarte en los que está empeñado el Ministerio Público, mediante investigación que ha obligado a incautar tres relojes marca Rolex y una joya de incalculable valor de oro y diamantes. El asunto debe ser aclarado directamente en la Fiscalía y hasta ahora el Poder Judicial no ha modificado la decisión de los fiscales de retener las joyas hasta su total esclarecimiento sobre el dinero con el que fueron compradas.