La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que busca sancionar con cárcel de 5 a 8 años la venta clandestina de uniformes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Se trata del proyecto de ley N° 8387/2023-CR, presentado por María Córdova Lobatón de Renovación Popular, que propone regular la provisión, distribución y venta de uniformes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Esta iniciativa surge debido a que en Lima, la venta de esta indumentaria sigue siendo accesible para cualquier persona, incluidos delincuentes.

El presente proyecto añade los artículos 271-A y 272-A al Decreto Legislativo 635 del Código Penal, los cuales mencionan que se sancionará con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, incluyendo el decomiso total de la mercadería, la elaboración y comercio clandestino de uniformes de la PNP o de las FF.AA.

Por ello, se propone que sea obligatoria la presencia del efectivo policial portando carnet de identidad personal, con su porta carnet, cadena de seguridad y la placa insignia, para realizar la compra del uniforme.

De otro lado, la congresista de Renovación Popular plantea crear el registro de proveedores de venta, cuya inscripción es obligatoria para la confección, distribución y venta de los uniformes. 

También busca establecer la obligación para los proveedores registrados de reportar mensualmente al Ministerio del Interior (MININTER) sobre sus actividades relacionadas con los uniformes, incluyendo detalles sobre los clientes.

De acuerdo a la propuesta, en la avenida Francisco Pizarro del distrito del Rímac, es usual encontrar locales que venden estas prendas sin requerir identificación y sin ningún control, «lo que facilita a los criminales adquirir uniformes a solo 200 soles y utilizarlos para cometer delitos».

En esa línea, el proyecto resalta la necesidad de mejorar la supervisión y garantizar la claridad de estos procedimientos para evitar la adquisición en locales clandestinos.

Asimismo, la normativa existente -señala la propuesta- no abarca la regulación del uso de uniformes policiales y militares por parte de civiles.