Por: Carlos Meneses

Los derechos humanos deben ser parte de una política de Estado que no debe modificarse.

Un conflicto de decires entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión DD.HH) y el gobierno peruano está sin resolverse. La presidenta Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto suscribieron una comunicación precisando la posición del gobierno y rechazando como injerencia indebida la crítica a norma sobre tales derechos.

Los pronunciamientos al interior del país con la excepción de los citados poderes del Estado han sido categóricos: Perú no debe abandonar foros internacionales en los que se defienden los derechos humanos.

El canciller González-Olaechea ha logrado mantenerse al margen del proceso, entendemos, para no cerrar puertas a la posibilidad de un acuerdo final que concuerde con la idea de los especialistas en no mezclar asuntos de conveniencia personal con el respeto que merece la actitud de la Comisión Interamericana y la Corte Internacional de Derechos Humanos.

El asunto es delicado y bien merece pensarlo 2 veces antes de dar paso equivocado. Los derechos humanos deben ser respetados en todos los tiempos y en todos los foros, si no queremos ser víctimas de abusos por parte de los gobiernos que persisten en actuar como dictaduras.

El juez peruano Alberto Borea ha sido puesto en una coyuntura incómoda y su posición ha sido adelantada al decir que el aporte de la Comisión Interamericana debe seguir defendiendo los derechos humanos.