La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País), por presunta instigación al delito de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.

Asimismo, la máxima instancia del Ministerio Público hizo lo mismo contra la parlamentaria Magaly Ruiz (APP), por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

En el caso de Amuruz, se indica que, en su calidad de congresista, habría intervenido en la contratación de tres personas allegadas a su persona en dos dependencias del Parlamento Nacional.

Estas se dieron -según la Fiscalía de la Nación- en las áreas de calidad legislativa y de comunicaciones e imagen institucional del Parlamento.

Se trata de Alejandra García Oviedo, Erick Enrique Tirado y Angie Gómez Acosta, indica el Ministerio Público.

En cuanto a Magaly Ruiz, se señala que habría instigado al fiscal Richard Rojas Gómez para que interceda ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación respecto a la investigación fiscal a la que se sometió a la parlamentaria por el recorte de sueldos de trabajadores de su despacho.