Por: Carlos Meneses

La Defensoría del Pueblo no tiene porqué opinar y menos a nombre del Estado sobre la posición asumida por el canciller y la presidenta de la República con respecto al problema de Venezuela.

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, en el cierre del año académico de la Diplomacia Peruana, no pudo dejar de mencionar el papel que le correspondía en el conflicto venezolano; dijo, a manera de una explicación a la ciudadanía nacional que había sido incómodo para él tener que llamar la atención a una mayoría de colegas que se abstuvieron de votar una exigencia peruana de revelar los resultados verdaderos y válidos de las elecciones realizadas en Venezuela.

Mirando al cielo aseguró que su decir era consecuencia de lo que estaba ocurriendo y no pudo dejar de anunciar que, si se volviera a repetir la experiencia, no tendría ningún inconveniente en recurrir nuevamente a llamar la atención a los que prefirieron abstenerse en la votación. Dos votos faltaron para que la posición del canciller peruano fuese aprobada, 2 votos de los países temerosos de hablar con la verdad y de decir las cosas como debían.

El aplauso que recibió el diplomático al término de su alocución y el respaldo que le brindó públicamente la presidenta de la República es la mejor demostración del apoyo a su posición, a su lenguaje de verdad y a su condena a Maduro.

González-Olaechea no merecía las críticas punzantes que le ha hecho el Defensor del Pueblo de Perú. Este último debiera saber que las relaciones internacionales solo las puede manejar el jefe del Estado y el ministro de RR.EE, esa es la posición peruana categórica y no cambiada y debe ser respetada por todos, porque se soporta en la verdad de lo que realmente ha ocurrido en Venezuela.

El equivocado es quien se mete a lo que no debe y es el defensor del Pueblo que indebidamente opina sobre lo que no sabe y no debe opinar.