El nuevo presidente del Congreso de la República acumula una serie de acusaciones por corrupción y vínculos con la minería ilegal. Eduardo Salhuana Cavides, miembro de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), que asumió el cargo el pasado 26 de julio, trae consigo una mochila de investigaciones fiscales.

EDUARDO SALHUANA CAVIDES

Según los documentos a los que accedió Ojo Público, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios abrió tres procesos en contra de Eduardo Salhuana Cavides por presuntos delitos contra la administracion pública cometidos durante su gestión como gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios entre 2015 y 2016.

En medio de una profunda crisis política, Salhuana Cavides es elegido por un Poder Legislativo que no representa al país, puesto que las encuestas apuntan tan solo a un 4% de aprobación, con proyección a seguir cayendo. Diversos analistas políticos consideran que su elección es una manifestación más de la alianza entre las bancadas cercanas al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Las investigaciones contra el presidente del Congreso lo acusan de estar inmerso en presuntos actos de desvío de fondos públicos y favorecimiento de contratos a personas y empresas determinadas.

DETALLES

El presidente del Parlamento es investigado junto a otros 13 empleados del Gobierno Regional de Madre de Dios por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Staff de Negocios SAC para organizar la Feria Expo Amazónica 2015. Esta empresa habría gestionado y recaudado fondos para el evento, presentando un balance final inconsistente que resultó en una pérdida de más de S/ 500 000 al gobierno regional.

Salhuana fue uno de los responsables de aprobar las bases para la contratación, a pesar de que la directiva de la comisión señalaba que no estaban autorizados para contratar servicios. Posteriormente, la empresa solicitó donaciones a diversas entidades públicas y privadas, incluyendo a Odebrecht, que aportó S/ 29 500 para el evento.

Luis Otzuka Salazar, bajo cuya presidencia regional acontecieron estos hechos, también ha sido una figura controversial debido a su vinculación con la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), una organización con un historial de involucramiento en actividades ilegales de minería.

Además, Salhuana enfrenta otra investigación por el desvío de más de un millón de soles provenientes de 13 obras públicas para contratar a 37 personas que desempeñaron funciones administrativas en el Gobierno Regional de Madre de Dios. Un peritaje detectó irregularidades en la contratación, ya que los pagos indicaban que el personal trabajaba en las obras, cuando en realidad realizaban tareas administrativas. De las 13 obras, 10 necesitaron eventualmente un incremento de presupuesto para continuar su ejecución.

Organizaciones civiles, han expresado su inquietud por los vínculos de Salhuana con la minería ilegal y el posible impacto negativo en la lucha contra esta actividad ilícita.