PRESIDENTA BUSCA SER INTOCABLE

El Gobierno de Dina Boluarte ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), en contra del Ministerio Público y el Poder Judicial, para que se anulen las investigaciones en curso contra la jefa de Estado. 

El documento, presentado por Luis Alberto Huerta Guerrero, procurador público especializado en materia constitucional, fue recibido por la oficina de trámite documentario del TC el último 25 de julio. 

En el encabezado del recurso, Huerta Guerrero señala que la demanda competencial esta «relacionada con la interpretación del artículo 117 de la Constitución», en el que se establece los motivos por los que un presidente en ejercicio puede ser objeto de acusación. 

La demanda busca que se anulen las investigaciones sobre los casos Rolex, la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional y las muertes durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. 

Como se recuerda, el caso Rolex se destapó en marzo de este año luego de que se revelará en la prensa que Boluarte recibió relojes y joyas de alta gama de parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, presuntamente, a cambio de asignación presupuestal para esa región. 

Boluarte también es investigada por la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que estaba encargado de dar apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Este grupo, desactivado en mayo de este año, había realizado operativos contra Boluarte con allanamientos de su vivienda y Palacio de Gobierno.  

Además, a finales de julio de este año, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes de más de 40 personas durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre del 2022.

Esta denuncia también alcanza a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, a Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa; y a César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, exministros del Interior, como supuestos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos.

La finalidad de la demanda es determinar es si la inmunidad presidencial “implica, asimismo, un límite a las competencias del Ministerio Público y del Poder Judicial, en materia de investigación al presidente de la República por la presunta comisión de cualquier delito”, lo que representaría un retroceso en la lucha contra la corrupción.