Hasta finales julio del 2024, la Procuraduría Pública Regional de Arequipa tiene bajo su cargo un total de 8 mil 665 procesos judiciales. Esta sobrecarga procesal supera las capacidades del personal asignado a ese despacho. Por si fuera poco, la demora en la asignación presupuestal de parte del Ejecutivo regional impide efectuar acciones de recuperación de terrenos judicializados dentro de los plazos oportunos.

Del total de 8 mil 665 procesos judiciales a cargo de la Procuraduría pública regional de Arequipa, 426 corresponden a procesos civiles; 363 a penales; 82 a constitucionales y 7 mil 794 a contenciosos administrativos. Más del 80% de los expedientes se relacionan a la exigencia de derechos laborales en los sectores Educación y Salud.

«Afrontamos una sobrecarga procesal. De acuerdo a los estándares nacionales, un abogado no debe tener más de 50 procesos bajo su cargo, pero en muchos de los casos de la Procuraduría Pública de Arequipa los abogados llevan más de 2 mil procesos. Es bastante y no podemos pedir, humanamente, celeridad», declaró la procuradora regional de Arequipa, Amparo Begazo Burga.

La Procuraduría Pública Regional afronta a su vez un total de 43 procesos arbitrales. Mismos que, en su mayoría, están ligados a procesos de infraestructura, ampliación de plazos, nulidades de contratos y otros servicios. Debido a que se relacionan a litigios actualmente en curso, no se puede precisar el estado específico. Finalmente, la entidad se encarga además de la recuperación extrajudicial de terrenos estatales ocupados irregularmente que, por cierto, avanza lentamente.

Actualmente permanece pendiente retomar la posesión de al menos 50 mil hectáreas de las 70 mil de terrenos del Cono Norte que estaban ocupadas por ‘El  Común de los Zeballos’. Como se sabe, el Gore Arequipa ganó el juicio y quedó como único posesionario de los terrenos. No obstante, los invasores en Yura sin tener un sustento legal buscan que la judicialización continúe, a pesar de que ya perdieron en el Tribunal Constitucional (TC) . 

Dentro del protocolo de la PNP se detalla que para proceder con acciones de recuperación, las invasiones debieron ocurrir después del 2014 y no estar judicializadas. El problema radica en que, a pesar de que existe una sentencia consentida del Poder Judicial, el área de Asesoría Jurídica de la PNP habría negó el apoyo a la procuraduría para realizar acciones de recuperación en el Cono Norte. 

Ante esta situación se requiere el cambio de protocolo de recuperación de terrenos de la PNP, razón por la que se solicitó al Consejo Regional de Arequipa oficiar una reunión entre la Procuraduría Pública Regional con el general de la Región Arequipa, Colin Sim Galván.