Por Jorge Turpo Rivas

El secretario técnico del CORESEC, José Briones, cuestiona la ley que modifica la definición de crimen organizado. Le envió una carta abierta a la presidente, Dina Boluarte, mostrando su preocupación en el retroceso en el combate a la delincuencia.

EJECUTIVO NO OBSERVÓ NORMA

El Congreso promulgó la ley que modifica la definición de crimen organizado. El Ejecutivo no observó la cuestionada norma y ya está en vigencia luego de su publicación.

La falta de respuesta del Gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, permitió que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ordenara la publicación de la norma en el diario El Peruano.

La norma indica que una organización criminal debe ser un grupo con “estructura compleja y desarrollada y mayor capacidad operativa,” integrado por tres o más personas que, coordinadamente, cometen delitos con penas superiores a seis años de cárcel.

Esta redefinición ha provocado diferentes reacciones adversas por sus posibles consecuencias negativas en la lucha contra la delincuencia.

El secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), coronel PNP en situación de retiro, José Briones, dijo que esta ley excluye la posibilidad de que 59 delitos no puedan ser investigados en el marco del delito de organización criminal.

Ese sería el caso de estafa, tráfico de órganos y tejidos, tala ilegal, tráfico ilícito de migrantes, colusión, negociación incompatible, peculado, tortura simple, entre otros. 

La norma, promovida por el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, establece además que los allanamientos deben realizarse con presencia del acusado y su abogado. 

En ese contexto, Briones, a título personal, le envió una carta abierta a la presidenta Dina Boluarte, expresándole su preocupación por la promulgación de la norma.

“Le expreso mi profundo rechazo a la aprobación de ley en mención, toda vez que establece -entre otras modificaciones- que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implicará perder el factor sorpresa en este tipo de investigaciones, facilitando el ocultamiento de pruebas de los criminales”, indica Briones en su misiva.

Agrega que: “La ley limitará las características que permiten tipificar una organización criminal, favoreciendo a los delincuentes dedicados a graves ilícitos, en detrimento de la seguridad ciudadana del país. Este tipo de propuestas no favorece a las investigaciones en curso y beneficia a redes criminales de alta peligrosidad, quienes causan zozobra en la población”.

A decir de Briones estamos frente a un retroceso en la lucha contra la delincuencia. “Se está debilitando la lucha contra el crimen organizado con la ley promulgada”, dijo.

¿FAVORECIDOS?

Resulta importante apuntar que en la actualidad hay partidos políticos como Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, el APRA, Podemos, entre otros, que son investigados por el presunto delito de organización criminal.

En esos casos que sigue la fiscalía están comprendidos los líderes de estas agrupaciones políticas como Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y José Luna.

El fiscal de crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, señaló hace poco que esta ley afectará también al combate contra la minería ilegal, la estafa agravada, y la lucha contra otras actividades ilícitas. 

José Briones destaca que esta modificación a la ley contra el crimen organizado viola el artículo 2 de la Constitución, y la redefinición del concepto de organización criminal y la exigencia de un abogado durante los allanamientos contravienen el principio de taxatividad y podrían llevar a interpretaciones arbitrarias de las normas penales.

“El combate a la criminalidad organizada en el Perú debe imponerse por encima de cualquier interés político. La población exige normas más rigurosas que garanticen la investigación, sanción y juzgamiento a los culpables, no como viene haciendo actualmente el Congreso. Por ello, exigimos al Ejecutivo y al Legislativo que reevalúen esta norma, pues atenta contra la seguridad de más de 33 millones de peruanos y solo beneficia al crimen organizado”, señala Briones.

Esta ley también incrementa de cuatro a seis años de cárcel el umbral de pena necesaria para considerar a un grupo como organización criminal. Este cambio contradice la Convención de Palermo que fue suscrita por el Perú sobre delincuencia organizada, que sólo exige una pena mínima de cuatro años.