Por: Edith Anampa – Antropóloga

REFLEXIONES

Según el Reporte del mercado laboral de las PCD en el Perú 2019-2022 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), esta población lucha constantemente por conseguir empleos formales, atención médica y educación. A pesar de las leyes que reservan puestos de trabajo para este sector de la sociedad y financian programas inclusivos, el cumplimiento de estas normativas es mínimo.

Un reciente estudio de WIEGO, basado en cuatro organizaciones de comerciantes con discapacidad en el Centro Histórico de Lima, revela una realidad preocupante y que requiere de acciones urgentes. 

El 61% de los comerciantes que participaron del estudio son personas con discapacidad severa y un 39% son cuidadores de PCD, todos en situaciones de vulnerabilidad extrema. Además de sus desafíos diarios, muchos lidian con enfermedades crónicas y deben cuidar de familiares sin apoyo alguno. Sin embargo, estos comerciantes no solo tienen capacidad de ahorro, sino que también están ansiosos por invertir en proyectos autogestionados, mostrando su deseo de inclusión real, pidiendo solo la oportunidad de trabajar.

La informalidad laboral es la norma para muchos peruanos, incluidas las personas con discapacidad. En Lima Metropolitana, donde vive un tercio del país, el 60% de los trabajadores tiene un empleo informal, siendo el comercio y servicios las actividades donde se concentra la mayor cantidad de empleos, y comercio es a lo que se dedican la mayor cantidad de personas en condición de pobreza. Del medio millón de comerciantes en vía pública estimados para Lima Metropolitana, 19,000 son PCD según la ENAHO 2023.

El Plan Maestro del Centro Histórico de Lima (PMCHL) señala que la revitalización de esta área depende de la colaboración entre instituciones y actores sociales. Las asociaciones de comerciantes con discapacidad son clave para implementar estrategias inclusivas en dicho plan maestro, garantizando que las políticas y proyectos atiendan sus necesidades específicas.

Propuestas como la “Alameda de la Inclusión” y el “Mercado Inclusivo” son iniciativas de las organizaciones de comerciantes con discapacidad que buscan crear espacios seguros y fijos para ellos. 

La situación exige respuestas inmediatas y efectivas de las instituciones públicas. Estas propuestas deben alinearse con las políticas públicas y establecer mesas de diálogo permanentes entre las autoridades como Prolima, Conadis, MTPE y las organizaciones de comerciantes con discapacidad para diseñar y ejecutar planes de acción conjuntos. 

La inclusión debe ir más allá de un concepto abstracto y manifestarse en políticas concretas y acciones que mejoren la calidad de vida de las PCD. Solo con un compromiso sólido y constante se puede construir una Lima verdaderamente inclusiva y justa.