El Poder Judicial dictó mandato de comparecencia con restricciones contra la suspendida legisladora María Cordero Jon Tay en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle el 50 % de sus haberes entre marzo y agosto del 2022.

El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos para que se impusiera dicha medida contra la suspendida legisladora, a quien investiga como presunta autora del delito de concusión en agravio del Estado a raíz de este caso.

En una resolución emitida el pasado 9 de agosto, a la que accedió RPP, el magistrado dispuso que la suspendida parlamentaria cumpla las siguientes reglas: La obligación de no ausentarse de la ciudad en la que reside sin autorización judicial, comparecer para el control biométrico cada 30 días, la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal cuando sea requerida, la prohibición de comunicarse y aproximarse a Braden Alexander Paredes Calla y Rafael Aurelio Cabrejos Vela, así como quienes vayan a declarar como testigos en esta investigación, siempre que no afecte al derecho de la defensa y el pago de una caución económica de 50 mil soles.

El magistrado precisó que estas restricciones resultan idóneas, pues permitirán asegurar los fines del proceso evitando dilaciones por la ausencia de la imputada a los correspondientes actos de investigación, no existiendo otro medio menos dañoso que pueda cumplir este objetivo, tanto más si no hay grave afectación al derecho a la libertad de la imputada a raíz de este hecho.

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, formalizó esta investigación preparatoria luego de que el último 14 de marzo, el Pleno del Congreso aprobara suspender a María Cordero Jon Tay en su cargo de congresista y levantar su inmunidad parlamentaria, a fin de que afronte este proceso penal.

No obstante, el parlamento no aprobó la propuesta para que María Cordero Jon Tay sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.