El presidente del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana, informó que hoy la Mesa Directiva definirá qué bancada presidirá la Comisión de Ética en la presente legislatura.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que el tema aún no está definido y que el Bloque Magisterial ha solicitado dicha presidencia, así como otro grupo parlamentario cuyo nombre no reveló.

Señaló además que, tras la conformación de la Comisión de Ética, se espera iniciar un debate interno a fin de evaluar la propuesta para que, en lugar de congresistas, integren el grupo de trabajo personas externas al Poder Legislativo, como representantes de la sociedad civil u organismos.

De otro lado, indicó que en su ejercicio como abogado ha tenido muchos clientes y siempre se desarrolló dentro del marco de la ley, ello al ser consultado sobre su presunta relación con la minería ilegal.

Salhuana Cavides afirmó que «en Lima hay un enorme desconocimiento de la realidad en muchos sitios del país» y que uno de esos sectores no conocidos es el de la «minería en pequeña escala».

Sostuvo que su labor como congresista ha sido la de buscar «ordenar y formalizar esa actividad» que aporta recursos -cerca del 35%, indicó- a la región que representa, Madre de Dios, ello en referencia a los proyectos de ley que ha presentado en materia de formalización minera.

El presidente del Congreso agregó que todas estas propuestas se sitúan dentro del marco de la ley y tienen opiniones favorables del Ministerio de Energía y Minas, de los gobiernos regionales e inclusive de organismos no gubernamentales del sector ambiental.

«Estamos relegando a más de medio millón de peruanos que también generan riqueza en los lugares más inhóspitos del país. Entonces yo he ejercido como abogado hasta el año 2021. Ahora soy parlamentario, ya no me dedico a esos temas», aseguró a los medios de comunicación.

Con relación a la ley que precisa la prescripción de los delitos de lesa humanidad en el Perú, Eduardo Salhuana indicó que el Poder Legislativo ha tomado una posición teniendo en cuenta los principios de legalidad y retroactividad.

Añadió que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigencia en nuestro país en 2003, por lo que no podría ser aplicada para delitos cometidos en años anteriores y «ese es el concepto que primó» para su aprobación.

Con respecto a una eventual demanda de inconstitucionalidad contra dicha norma, dijo estar de acuerdo con ello y recordó que estamos en un Estado de derecho. Salhuana sostuvo que, en ese caso, respetarán lo que decida el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Carta Magna.