Multas a jueces y policías serían calculadas en base a sus ingresos mensuales.

CONGRESISTA AMÉRICO GONZA

El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presentó una propuesta de reforma legislativa que podría cambiar radicalmente la responsabilidad de jueces, fiscales y policías en casos de errores judiciales y detenciones arbitrarias.

El proyecto de ley, presentado ante el Congreso, plantea que estas autoridades asuman directamente el costo de las indemnizaciones y multas impuestas por fallos injustos y detenciones indebidas.

Según la propuesta, el pago de estas sanciones se canalizaría a través de un fondo administrado por la Defensoría del Pueblo.

Gonza argumenta que esta medida fortalecería la ley actual y garantizaría una administración de justicia más equitativa, adecuándola a la Constitución de 1993.

El proyecto incluye la modificación de varios artículos de la Ley N.° 24973, que actualmente regula la indemnización por errores judiciales, ampliando su aplicación a nuevos escenarios y endureciendo las penas económicas para las autoridades involucradas.

El parlamentario detalla que, bajo la nueva normativa, las multas serían equivalentes al importe de la indemnización pagada por el Fondo Nacional, con un recargo adicional del 30%. Además, los responsables tendrían que cubrir estas sanciones en proporción a su salario diario por cada día de detención injusta.

“Artículo 10. Las multas a que se refieren los incisos b), c) y d) del artículo anterior serán equivalentes al importe que el Fondo abone por concepto de indemnización más un recargo de 30 %. Las multas impuestas a las autoridades judiciales, fiscales, policiales o administrativas se calculan multiplicando el 10% de su remuneración mensual bruta por cada día de detención y/o privación de la libertad. Si hubiera denunciante este debe ser incluido para el pago de la multa, de manera solidaria, con las autoridades que incurrieron en el error o que autorizaron la detención y/o prisión”, detalla la propuesta.

Gonza asegura que esta reforma no solo busca castigar a quienes cometen errores, sino también prevenir futuros abusos y restaurar la confianza en el sistema judicial.

“El objetivo es que las autoridades comprendan la gravedad de sus decisiones y se responsabilicen directamente por ellas,” expresó el legislador.

Esta propuesta, sin embargo, ya generó controversia en el ámbito judicial, donde se teme que pueda desincentivar el trabajo de jueces y fiscales, quienes podrían actuar con mayor cautela por temor a represalias económicas.

La Defensoría del Pueblo, que sería responsable de administrar el fondo de indemnización, también se vería afectada por esta nueva responsabilidad, lo que suscitó debates sobre la viabilidad y equidad de la propuesta. A pesar de las críticas, Gonza se mantiene firme en su posición, insistiendo en que esta ley es necesaria para corregir las deficiencias del sistema actual.