Las elecciones generales de 2026 podrían establecer un precedente en el país. Hasta la fecha, 35 partidos políticos están inscritos y otros 25 están en proceso, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto implica que hasta 60 organizaciones podrían participar, el triple de las que compitieron en 2021 y seis veces más que en 2001.

El panorama será posible si todos los partidos inscritos y en proceso de inscripción culminan a tiempo y no se forman alianzas electorales. En 2019, el expresidente Martín Vizcarra promulgó leyes de reforma política, entre ellas, una que modificó la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que cambió los requisitos para la inscripción y cancelación de partidos. Se reemplazó la relación de firmas de adherentes por una relación de afiliados equivalente al 0.1% del padrón electoral.

La reforma de 2019 bajó las exigencias para inscribir partidos, pero mantenía primarias abiertas y obligatorias como primer filtro, donde solo los partidos que superaran el 1.5% de votos podrían competir. Sin embargo, recientes cambios en la ley electoral realizados por el Congreso eliminaron estas primarias, lo que abrió la posibilidad de que todos los partidos puedan participar, como explicó el abogado constitucionalista Roy Mendoza en diálogo con RPP.

A partir de 2026, los peruanos elegirán miembros de dos cámaras legislativas, algo que no pasaba desde hace más de 30 años, cuando el exdictador Alberto Fujimori eliminó la bicameralidad. En marzo pasado, la administración de Dina Boluarte promulgó una ley que permite el restablecimiento de un parlamento bicameral.

La norma publicada en el diario oficial El Peruano establece que el Congreso estará conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. El Senado tendrá 60 representantes elegidos por cinco años, y la Cámara de Diputados contará con un mínimo de 130 representantes, también por cinco años.

La elaboración de la cédula de sufragio, tarea a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se modificaría con ese aumento del número de partidos y candidatos, lo que puede comprometer su legibilidad y claridad. Una cédula más extensa requiere más espacio y, según especialistas, afecta la facilidad de uso para los votantes.