EN LA DÉCADA DE 1990

Salhuana reconoció su implicación en la defensa de personas condenadas por narcotráfico en la década de 1990. Sin embargo, asegura que su participación se debió a la falta de asesoría legal adecuada, y no a complicidad con el delito.

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República, sigue enfrentando cuestionamientos debido a su cercanía con personas involucradas en actividades ilícitas. Esta vez se trata de un caso vinculado a la defensa de personas condenadas por tráfico de drogas en la década de 1990.

Al respecto, ayer Salhuana explicó que, en 1995 —cuando era abogado— participó en la defensa de miembros de la comunidad nativa Boca Manu, en Madre de Dios, que, aparentemente, sin conocimiento de su implicancia en el delito, fue sometida a juicio. La situación provocó que entre 30 y 40 personas fueran procesadas.

“Yo soy abogado de profesión y creo que en el ejercicio libre de mi profesión he ejercido esa labor en su momento. Como le refiero, es del año 95. Una comunidad nativa de Madre de Dios estuvo vinculada; casi toda la comunidad se vio envuelta en una situación de esta naturaleza. Aprovechando que, obviamente, la condición de lejanía y desconocimiento llevó a que esos ciudadanos, cerca de 30 o 40, fueran procesados por el delito que usted menciona. Sí, efectivamente, yo fui abogado de uno o dos de ellos. Sí, es correcta la información, pero como les repito, esto ocurrió en el libre ejercicio de mi labor como letrado”, dijo el representante de Madre de Dios por Alianza para el Progreso (APP), en un despacho para TV Perú.

CONFLICTO DE INTERESES

Salhuana también abordó las críticas relacionadas con la reciente asignación de las presidencias y vicepresidencias de comisiones y grupos de trabajo para el actual periodo legislativo.

Sobre ello, explicó que estos cargos son asignados por cada bancada parlamentaria. No obstante, si se detectan irregularidades en los cargos, desde la mesa directiva se evaluará la posibilidad de intervenir. “Las presidencias, vicepresidencias y secretaría son responsabilidad de cada bancada parlamentaria, en todo caso de designarse a algunos colegas que puedan tener situaciones irregulares desde la mesa directiva vamos a evaluar, si podemos intervenir en ello”, comentó.

Sobre el proyecto de ley de la congresista María Acuña (APP) para crear un Ministerio de Infraestructura, Salhuana indicó que está en revisión. Y, aseguró que será discutido y evaluado en las comisiones correspondientes, y que se analizará según sus méritos, sin mezclarlo con otras propuestas.

Como se sabe, hace poco, APP propuso la creación de este ministerio, haciendo hincapié en su potencial para centralizar funciones y mejorar la gestión del país ante desastres naturales. Luis Valdez, secretario general de APP, —cuya esposa viene siendo cuestionada por sus irregulares ingresos y situación financiera— ha defendido el proyecto, que considera crucial para el desarrollo del país y la creación de empleos.

No obstante, la propuesta suscita dudas, ya que habría surgido tras una reunión entre los representantes de APP y la presidenta Dina Boluarte. Pues, hay sospechas sobre una posible influencia mutua en la iniciativa legislativa.