Por Jorge Turpo Rivas

El agente del Estado peruano ante la CIDH, Jorge Cáceres Arce, sostiene que la Junta de Fiscales Supremos se extralimitó con el pronunciamiento donde rechaza la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad.

ENTREVISTA: CONSTITUCIONALISTA JORGE CÁCERES ARCE

La Junta de Fiscales Supremos emitió un pronunciamiento rechazando la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, indicando que es inconstitucional.

En el documento se señala que esta ley “resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”.

El pronunciamiento advierte que cuando se aplique esa norma, cerca de 600 casos, en investigación o en trámite ante el Poder Judicial, tendrían que ser archivados y concluidos.

En la siguiente entrevista, Jorge Cáceres Arce, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analiza los alcances de la norma y cuestiona la posición del Ministerio Público.

Los fiscales supremos se pronunciaron en contra de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y anunciaron que demandarán su inconstitucionalidad. ¿Comparte esa posición?

–La Junta de Fiscales Supremos efectivamente está facultada para interponer demandas de inconstitucionalidad, pero estamos viendo que están tomando una postura política. El Ministerio Público no es un órgano político, es una institución de apoyo a la justicia que por su función y esencia debe estar distante de los entes que hacen política.

¿Por qué considera que la Junta de Fiscales asumió una postura política?

–Porque sacan un pronunciamiento oponiéndose a la ley. A mi opinión era innecesario ese comunicado. Era suficiente con el anuncio de la presentación de la demanda de inconstitucionalidad. Así como los jueces hablan a través de sus sentencias, los fiscales hablan a través de sus dictámenes, no de comunicados.

Pero en un tema tan delicado y polémico se requiere el control ciudadano y es necesario que se comunique a la ciudadanía la posición de la Fiscalía. ¿Eso es hacer política?

–Correcto, pero la pregunta es si era necesario un comunicado público cuando ya se anunció la demanda de inconstitucionalidad. En ese aspecto, el comunicado se convierte en una expresión de una postura política. Es mi punto de vista.

Los fiscales supremos consideran que esa norma resulta inviable jurídicamente.

–Hay que dar cumplimiento a la normatividad nacional y la normatividad internacional. El Estatuto de Roma, vigente desde el 2002, establece que no tiene efectos retroactivos, lo dice la propia norma. Esta ley no tiene germen ni ADN de una ley de amnistía, no pretende beneficiar a quienes en la década del noventa hayan cometido delitos como el caso La Cantuta, Barrios Altos o similares.

El pronunciamiento de la Fiscalía indica que sí beneficiará a los involucrados en los casos de Barrios Altos, La Cantuta, El Frontón, entre otros.

–En el derecho no es lo que se dice, es lo que es. Los que fueron sentenciados por Barrios Altos y La Cantuta, entre ellos Alberto Fujimori, no se beneficiarán de esta norma. Fujimori ha sido indultado, lo que no lo libera de la pena. Por eso digo, esta ley en cuestión no es una ley de amnistía, no pretende encubrir a aquellos delincuentes que hayan cometido delitos de lesa humanidad.

¿En qué otra acción se evidencia la presunta actuación política de los fiscales?

–Lamentablemente los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, digo sus nombres porque no estoy generalizando, han venido actuando políticamente y la mejor demostración es que el Tribunal Constitucional ha declarado fundada la demanda de amparo que interpuso un calificado abogado como es Arsenio Oré Guardia y anuló todas las actuaciones de estos abogados que han actuado con abuso y con exceso cuando allanaron su domicilio y su estudio. Es que la garantía constitucional de la presunción de inocencia en el Perú ha sido desplazada por la garantía de presunción de culpabilidad. Directamente te declaran culpable antes de presumir tu inocencia. Eso está muy mal.

Ya que mencionó a Fujimori. ¿Considera que puede ser candidato y debe recibir pensión vitalicia?

–No, no puede ser candidato en el 2026 y se le debe retirar la pensión vitalicia. No le corresponde. La ley vinculada a la pensión vitalicia establece que no gozan de pensión aquellos presidentes constitucionales que han sido sentenciados y la condena de Fujimori está vigente. No le corresponde a Fujimori pensión vitalicia.

En anterior entrevista Jorge Cáceres señaló que la citada ley no protegerá o beneficiará a delincuentes que hayan cometido delitos de violación a los derechos humanos. Y que si alguien creyera que no es así puede solicitar a un juez ejercer el control difuso o control concentrado, según sea el caso.