Por Erika Romero Díaz

Parlamentario Waldemar Cerrón y su hermano, el prófugo, Vladimir Cerrón investigados por Los Dinámicos del Centro, así como el legislador José Luna Gálvez vinculado al caso Los Gánsters de la Política, se amparan en cuestionada norma. Los Correcaminos del Sur son una presunta organización criminal que cobraba cupos de S/ 200 a S/ 500 a transportistas de minivans. La supuesta agrupación operó en la gestión de la gobernadora Yamila Osorio.

EN AREQUIPA INVOCAN LEY DEL CONGRESO APROBADA EN GESTIÓN DE EDUARDO SALHUANA

Los 30 procesados en el caso de los Correcaminos del Sur han encontrado en la Ley 32108, promovida por la bancada congresal de Perú Libre, una salida para no ser enjuiciados por el delito de organización criminal y con ello conseguir sanciones penales mucho menores a las postuladas inicialmente por el Ministerio Público que eran de hasta 15 años de cárcel.

Se supo que los encausados son los primeros, en Arequipa, en apoyarse en la cuestionada norma promulgada por insistencia, el 9 de agosto de este año, por la nueva mesa directiva del Parlamento, presidida por Eduardo Salhuana Cavides.

Mientras esa disposición esté vigente surte efectos legales. A nivel nacional han recurrido a esa legislación José Luna Gálvez vinculado al caso Los Gánsters de la Política y han hecho lo propio Waldemar y Vladimir Cerrón investigados en el caso Los Dinámicos del Centro, mañana 23 de agosto se realizará la audiencia en la que el juez Jorge Chávez Tamariz definirá el destino del recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por los hermanos Cerrón.

LA AUDIENCIA EN AREQUIPA

Ayer desde las 8.15 horas, se realizó la audiencia en la que se resolvería el pedido de excepción de improcedencia de acción propuesto por los abogados de los procesados, la cita judicial fue virtual y se presentaron los defensores legales de los 30 imputados.

El colegiado a cargo del proceso está conformado por los jueces Juan Carlos Churata Quispe, Ronald Medina Tejada y Giuliana Pastor Cuba.

Ni bien se inició la audiencia los responsables de la defensa pidieron que los magistrados resuelvan el recurso planteado, los jueces salieron de la sala virtual para ir a otra donde debatieron cómo iban a resolver, al volver Pastor dijo que decidieron que el recurso sea resuelto al final del proceso. Medina, el tercer magistrado, dijo no estar de acuerdo con la decisión tomada.

Es que a partir de la vigencia de la Ley 32108, el delito de Organización Criminal debe cumplir determinados requisitos. Sobre este tema la Fiscalía e incluso abogados especialistas en Derecho Penal señalaron que esta ley afectaría severamente la acción penal y beneficiaría a las organizaciones criminales.

“Con esta modificación, el Congreso está legislando en favor de la criminalidad. La ley consideraba más de 90 tipos penales como crimen organizado, pero ahora —que han subido la valla— están dejando fuera 59 delitos, entre ellos varios referidos a la explotación humana y otros que afectan la seguridad. Además, los fiscales ya no podrán pedir que la detención preliminar se extienda de 3 a 10 días como lo establece la legislación penal”, señaló Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director ejecutivo de la organización a favor de los derechos humanos CHS Alternativo.

La norma establece que para que haya organización criminal deben concurrir 4 características, una de ellas es que el delito grave cometido supere los 6 años de pena. A los procesados en el caso de Los Correcaminos se les imputa haber cometido el delito de cohecho pasivo.

“Esto quiere decir que el nuevo concepto implicaría la exclusión de crímenes como estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, concusión, colusión simple, peculado, cohecho pasivo, soborno internacional pasivo, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito básico, puesto que ya no serían procesados bajo esta ley”, indicó Valdés.

Es decir que a los imputados por el caso Los Correcaminos no se les puede procesar como si se tratara de una organización criminal, sino como una banda criminal y por lo tanto no deberían ser enjuiciados por un colegiado de jueces sino por un juzgado unipersonal.

Es más, durante la audiencia judicial se dejó en claro que la Fiscalía debía de recalificar su acusación y adecuarla a la nueva normativa.

ANÁLISIS LEGAL

Consultamos con abogados en Derecho Penal quienes señalaron que la norma dada por el Congreso ha generado muchos problemas e incluso habría casos como el del exgobernador Elmer Cáceres Llica que podrían quedar en nada y ser absuelto.

De otro lado, explicaron que es muy posible que los jueces se hayan opuesto a resolver de inmediato el pedido de excepción de naturaleza de acción planteado para el caso de los Correcaminos del Sur, en el entendido que esperarán al resultado de la demanda de inconstitucionalidad que iniciará el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional y que fue hecho de público conocimiento 13 de agosto a través de un comunicado.

CASO CORRECAMINOS DEL SUR

La Fiscalía sostiene que Los Correcaminos del Sur son una presunta organización criminal que cobraba cupos de 200 a 500 soles a los transportistas de minivans para permitirles brindar el servicio de transporte interprovincial. Para controlar este negocio, la mafia otorgaba calcomanías a los conductores para que puedan evadir la intervención. La supuesta organización operó durante la gestión de Yamila Osorio, 2015-2018.

José Luna Gálvez es investigado por, presuntamente, haber financiado una organización criminal que compró las voluntades de exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) desactivado, para lograr la inscripción fraudulenta del partido Podemos Perú. Entre los exconsejeros involucrados se encuentran Guido Águila Grados, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe. Este acto tenía como objetivo nombrar a Adolfo Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).