El gobierno de la presidenta Dina Boluarte inició a finales del año 2022 con una serie de marchas en su contra a nivel nacional que se extendieron por varias semanas hasta febrero del 2023. No solo eso, sino que la protesta en contra de la presidenta ha llegado incluso hasta los trabajadores del Despacho Presidencial. Ante ello, el gobierno ha incrementado el presupuesto para controlar este tipo de conflictos.

Un informe publicado por La República reveló que la llegada de Boluarte a la presidencia también significó un incremento sostenido en el presupuesto público para el rubro “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público” que inició en el año 2023, con ella en el cargo, y se ha mantenido hasta la actualidad.

El presupuesto designado para este rubro por el gobierno de Pedro Castillo fue de 463.8 millones de soles. Sin embargo, Boluarte tomó la decisión de aumentar este monto hasta llegar a 543.1 millones de soles solo en el año 2023. Para este año 2024, el monto volvió a subir hasta llegar a los 635.1 millones de soles.

Esto implica que desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, el monto invertido en el control de protestas sociales aumentó en 171.3 millones de soles, un 36.91 % más que en el año de gobierno del expresidente Pedro Castillo.

El aumento del presupuesto de la Policía Nacional del Perú (PNP) para reducir las protestas sociales también supone la reducción del dinero destinado a otros rubros que podrían considerarse claves. Uno de ellos, por ejemplo, es la lucha contra el narcotráfico.

La gestión de Dina Boluarte redujo el presupuesto para este fin de 202.4 millones de soles en 2023 a 188.5 millones de soles en el año 2024, un 6.87 % menos en un año en el que la presencia de las economías ilegales en la Amazonia han afectado las vidas de las comunidades indígenas y sus líderes se han expuesto a atentados contra sus vidas.

Un registro de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo en julio de este año, indica que actualmente en el Perú existen 209 conflictos sociales. De ellos, 159 se encuentran activos y, entre ellos, 88 están en proceso de diálogo, mientras que 50 se mantienen latentes. En general, 144 casos presentaron al menos un hecho de violencia desde que iniciaron.

Si bien a comparación del mes de enero, cuando se registraron 214 conflictos sociales entre activos y latentes, el mes de julio este tipo de hechos han disminuido, la cifra de conflictos resueltos por mes también se ha reducido.