Por: Carlos Meneses

No deponemos la defensa de la libertad de expresión y mantenemos firme la convicción que la población tiene de saber cómo el actual gobierno maneja la cosa pública y el dinero de todos.

En el 2024, se registraron diferencias surgidas en el tratamiento que merecemos los periodistas y una creciente acción tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo que evidencia el propósito común de limitar la libertad de expresión y consecuentemente el derecho que les asiste a los peruanos de saber cómo se está manejando la cosa pública. Tanto el ahora expresidente del Congreso como la propia jefa de Estado, Dina Boluarte se cerraron a todo diálogo para responder preguntas sobre asuntos fiscales y gubernamentales.

Son constantes los pronunciamientos del Consejo de la Prensa Peruana, de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y de otros organismos gremiales que han protestado en todos los casos por restricciones en la información. Nadie puede dejar de recordar que se encerró a periodistas para que no tuvieron posibilidad de un contacto personal con la señora Boluarte.

Reconocemos que en América hay naciones que han adoptado criterios semejantes como Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde la libertad de expresión está restringida y en algunos casos la información es controlada por quienes detentan el poder.

Quienes ejercemos el periodismo en Arequipa hemos sido testigos de las batallas libradas en favor del derecho del ciudadano y el pueblo nos respalda como ha podido verse en la solidaridad expresada ante los resultados electorales mostrados por Nicolás Maduro.

Los conflictos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público y los afectos que se muestran en favorecer a ciertos ministros, evidencian que el riesgo existe para una prensa libre e independiente.