El Poder Judicial de Perú ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años que le impuso el Congreso al expresidente de la República, Martín Vizcarra.

La decisión fue tomada, en segunda instancia, por la Primera Sala Constitucional de Lima, que confirmó una sentencia emitida el pasado 8 de marzo por la jueza Rocío Rabines, quien declaró improcedente una demanda de amparo presentada por el exmandatario, según informaron ayer domingo medios locales.

Vizcarra había solicitado que se levante la inhabilitación que le impuso el Congreso en abril de 2021 por su presunta vacunación irregular contra la Covid-19, en octubre de 2020.

El exmandatario señaló en ese momento que se había vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y agraviado su derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política de su país.

Sin embargo, la Sala Constitucional consideró en segunda instancia que no se evidencian actos concretos de afectación de los derechos constitucionales de Vizcarra por parte del Congreso.

La sanción que le impuso el Parlamento le impidió al exmandatario asumir el cargo de congresista para el que fue elegido con la mayor votación nacional en los comicios de 2021.

Tras conocerse la última resolución, Vizcarra confirmó en la red social X que piensa acudir ante el Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Por fin, luego de tres años de paciente espera, el Poder Judicial termina el proceso. Ahora le toca al TC y por último el pronunciamiento de la CIDH», sostuvo.

En ese sentido, manifestó su certeza de que «las inhabilitaciones serán levantadas por ser de justicia» y podrá postular en las elecciones generales peruanas del 2026.