El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció luego de que el Poder Judicial confirmara la inhabilitación en su contra para ejercer cargos públicos, por 10 años, que se le impuso por el caso ‘Vacunagate’.

Como se sabe, en abril del 2021, el Congreso de la República acordó, con 86 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones, inhabilitar a Vizcarra Cornejo por, presuntamente, haber dispuesto que se le inocule la vacuna contra la COVID-19 de manera secreta e irregular.

Ante ello, el exmandatario interpuso una demanda de amparo, la cual ha sido declarada improcedente por el Sexto Juzgado Constitucional, en mayo del 2021, y recientemente por la Primera Sala Constitucional de Lima.

Al respecto, el líder fundador del partido Perú Primero, a través de la red social X, se pronunció indicando que el caso será evaluado por el Tribunal Constitucional (TC) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Por fin, luego de tres años de paciente espera, el PJ termina el proceso. Ahora le toca al TC y por último el pronunciamiento de la CIDH», sostuvo.

En esa línea, pese a los fallos adversos en dos instancias, Martín Vizcarra aseguró que sus inhabilitaciones serán levantadas y podrá postular en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2026.

«Las inhabilitaciones serán levantadas por ser de justicia, y podré postular el 2026, no tengan la menor duda«, resaltó. 

Cabe señalar que, por votación mayoritaria, la Primera Sala Constitucional de Lima resolvió rechazar la demanda de amparo interpuesta por la defensa legal de Vizcarra al confirmar la sentencia emitida por la jueza Rocío Rabines Briceño del Sexto Juzgado Constitucional, en la que declaró improcedente el recurso.

El exjefe de Estado apeló esta sentencia judicial al considerar que vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y que hubo agravio al derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política de la nación.

No obstante, la Primera Sala Constitucional de Lima desestimó este recurso de apelación al determinar -en una resolución emitida el último 20 de agosto a la que tuvo acceso RPP- que dicha sentencia debe ser confirmada en todos sus extremos, toda vez que no se evidencian actos concretos de afectación de derechos constitucionales por parte de la entidad demandada, en alusión al Congreso de la República.