Por: Ántero Flores-Aráoz

Los usuarios del Sistema de Justicia, como son los litigantes y sus abogados, estamos hartos del mal funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y se nos suma la ciudadanía en general, que se informa del vía crucis que sufren los primeros por la inverosímil pero real duración de los procesos, que son interminables, que las investigaciones demoran años y encima se pretenden imponer condenas anticipadas como en la práctica son las detenciones preliminares y preventivas.

Evidentemente en esta viña del Señor, también hay jueces y fiscales que actúan con pulcritud y dentro de los plazos establecidos, lo que no impide buscar soluciones integrales. En el Congreso, entidad encargada de aprobar nuevas leyes, así como derogar las existentes, se han presentado una serie de proyectos, que en la práctica despliegan la preocupación de los parlamentarios por la situación expuesta. Sin embargo, son propuestas aisladas y parciales más no integrales, por lo que poco o nada resolverán.

Lo que a nuestro juicio se requiere, es que desde el Ministerio de Justicia se nombre una comisión de expertos, que integren magistrados judiciales y fiscales de excelencia, que también los hay, así como representantes de los principales colegios de abogados y de las facultades de derecho de las universidades de mayor prestigio, a fin de que estudien la problemática y propongan soluciones de largo aliento que el Poder Ejecutivo pueda hacerlas suyas, presentando al Congreso los respectivos proyectos de ley para que puedan ser dictaminados y debatidos.

Como hay magistrados que no dan la talla e incluso sobre ellos existen sospechas, cuando no evidencias de corrupción, en el Parlamento se ha presentado proyecto para crear una comisión congresal adicional bajo el nombre de “Comisión de Fiscalización de función de jueces y fiscales”. Si bien con buen propósito, pero en la realidad sería repetitiva pues el Congreso además de legislar y de representar a la ciudadanía, tiene la función de fiscalizar y para ello cuenta ya con una comisión especializada denominada Comisión de Fiscalización y Contraloría, y ella complementando a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Empero, no solamente el Congreso fiscaliza al Poder Judicial y al Ministerio Público (Fiscalía), sino que estas instituciones tienen ya sus órganos internos de control doméstico como son el Organismo de Control de la Magistratura y la Autoridad Nacional de Control Interno del Ministerio Público.

Por si fuese poco tenemos también a la Junta Nacional de Justicia, que tiene la atribución de nombrar y destituir jueces y fiscales de todas las instancias, así como también ratificarlos cada siete años, esto último innecesario pues si son malos simplemente los puede expulsar de la función judicial o fiscal. La Contraloría General de la República también ejerce labor fiscalizadora en el Poder Judicial y Ministerio Público, aunque solo en lo administrativo más no en lo funcional. Como vemos fiscalización hay, y de sobra, y no se necesita de ninguna comisión congresal adicional.

También se ha presentado proyecto de ley para que la Junta Nacional de Justicia haga evaluación permanente de jueces y fiscales y pueda cesarlos cuando algunas de sus resoluciones sean revocadas por instancia superior. Si fuese aprobada tal iniciativa legislativa nos quedaríamos sin jueces ni fiscales, por lo menos en teoría, pues la Junta Nacional de Justicia ni siquiera ha nombrado titulares en la Corte Suprema para sustituir a los provisionales.

Muchos buenos propósitos, aunque parciales y poco prácticos. Tenemos que ir a una reestructuración o reforma integral.