Ante la negativa de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa de otorgar facultades investigativas a la Policía Nacional del Perú (PNP), integrantes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dirincri) aseguraron que se está respetando la Constitución. Argumentaron además que los abogados del Ministerio Público (MP) no están adecuadamente capacitados para la investigación criminal, por lo que deberían concentrarse en supervisar las labores de la PNP y otros organismos.

En un comunicado oficial, nueve fiscales del MP en Arequipa señalaron que las modificaciones aprobadas en segunda votación por el Congreso de la República violan los artículos N° 158 y 159 de la Constitución Política. Advirtieron que esta reforma desnaturalizaría el sistema penal acusatorio implementado en 2004 y subrayaron que dichas modificaciones podrían poner en riesgo la legitimidad de las investigaciones, afectando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

«El artículo 166 de nuestra Constitución dice que la Policía es la encargada de investigar todo tipo de delitos, pero ellos [el MP], en base al Nuevo Código Procesal Penal que empezó a ponerse en ejecución en 2004, adujeron que iban a ser conductores de la investigación, pero no investigar los delitos. El MP tiene la función específica de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, fiscalizando a la PNP. No les compete investigar», declaró Víctor Hugo Figueroa Castilla, exjefe de la Dirincri.

En Arequipa, hay aproximadamente 60 oficiales de la PNP de diversos rangos que se dedican a la investigación criminal. Según Figueroa Castilla, todos ellos han recibido formación específica en técnicas de investigación. A diferencia de ellos, los trabajadores del Ministerio Público, en su mayoría abogados, tienen una formación que no se centra en la investigación criminal. Por ello, según Figueroa Castilla, el MP ha asumido atribuciones que no le corresponden.