Por: Tomás Reto, Consejo Privado de Competitividad

PERÚ COMPETITIVIDAD

Al comprar una computadora para nuestras casas, necesitamos conectividad a Internet para sacarle el máximo provecho. Una lógica tan simple como esta no necesariamente ocurre con las obras públicas en el Perú, pues la construcción de infraestructura como hospitales, carreteras, escuelas o sistemas de agua y saneamiento no siempre tiene asegurada su operatividad con docentes y médicos, material educativo, equipamiento médico, tratamiento de agua, entre otros. Así se explica que incluso en obras recientemente inauguradas encontremos largas colas para acceder a una cita médica, desniveles en carreteras o discontinuidades en la provisión de agua potable.

En un país que aún tiene grandes déficits en sectores como agua y saneamiento (solo el 63% de hogares de viviendas particulares tiene acceso a alcantarillado) o salud (solo el 7% de establecimientos de salud e institutos especialidad tiene su capacidad instalada adecuada), las Asociaciones Público-Privadas (APP) son cruciales para el cierre de brechas. Las APP facilitan la participación del sector privado en la provisión de infraestructura y su operatividad, generando beneficios como una mayor eficiencia en la ejecución de obras y una mejor calidad en los servicios prestados, pues el repago a los Concesionarios está condicionado al cumplimiento de estándares de servicio fiscalizados por el Gobierno. Además, las APP ayudan a reducir el gasto público directo, lo que es particularmente importante en un contexto de limitaciones fiscales como en el que estamos.

Sin embargo, la evolución de APP ha mostrado un comportamiento variable a lo largo de los últimos años. El periodo de cinco años entre el 2013 y el 2017 fue el más importante pues se adjudicaron 26 APP por USD 12 625 millones, pero entre el 2018 y 2022 se observó una dramática caída al adjudicarse solo 10 APP por USD 724 millones. Los sectores que más APP adjudicaron fueron Transporte, Energía y Telecomunicaciones.

Luego de un panorama muy poco optimista hasta el 2022, el 2023 consolidó un nuevo respiro en las APP que se proyecta mantener al 2024. Solo en el 2023 se adjudicaron 14 proyectos por USD 2300 millones, lo que representa tres veces  todo lo adjudicado en el periodo 2018 – 2022 y el 17% de todo el monto invertido en obras públicas del 2023 (USD 13 000 millones).

Para el 2024, ya se han adjudicado los proyectos del Terminal Portuario San Juan de Marcona, Anillo Vial Periférico, Ferrocarril Huancayo Huancavelica, y los Grupos 1 y 2 de proyectos de transmisión eléctrica, que suman en conjunto USD 5140 millones, un 65% de la meta de adjudicación que se planteó ProInversión para el año 2024. Aún así, el Perú se encuentra lejos de los números de vecinos como Chile, cuyo Ministerio de Obras Públicas planea adjudicar 24 proyectos por USD 12 600 millones entre 2024 y 2025.

No obstante, las APP aún presentan varios desafíos para que sigan siendo uno de los motores para el cierre de brechas. Uno de los más importantes es la excesiva duración en el proceso de adjudicación y firma de contratos. En promedio, un proyecto puede tardar entre 56 y 95 meses desde su inicio hasta la firma del contrato. Este retraso se debe a la gran cantidad de actores involucrados en cada fase del proceso, desde la formulación hasta la adjudicación, lo que genera una fragmentación en las responsabilidades y ralentiza el avance. Además, a las duplicidades e ineficiencias en los procesos requeridos para poder adjudicar una APP.

Así, de cara a ejecutar la cartera de adjudicación de APP del 2025 ascendente a al menos 12 proyectos por USD 1953 millones, y en el marco de la delegación de facultades que el Congreso le otorgó al Ejecutivo para, entre otros, modificar el marco normativo de APP, desde el CPC hemos elaborado una serie de propuestas para reducir los plazos que toma la adjudicación de la APP y mejorar su gestión. Una APP adjudicada en menor tiempo incrementa el atractivo de empresas privadas a invertir en Perú, pero, sobre todo, cierra brechas más rápido para la población.

Primero, se recomienda eliminar el requerimiento de opinión favorable del MEF al Informe Multianual de Inversiones en APP (IMIAPP), que constituye el primer documento en todo el proceso de APP, toda vez que el MEF tendrá opinión vinculante en fases posteriores del procedimiento una vez ya se tenga información más certera sobre los proyectos. Segundo, sugerimos unificar en un solo documento el estudio de preinversión y el Informe de Evaluación que se elaboran en la fase de formulación de las APP, ayudando así a simplificar esta fase que ha tomado ya más de cuatro años para los proyectos de la cartera vigente de APP que maneja ProInversión. Finalmente, se propone que ProInversión tenga opinión vinculante en la ejecución de los contratos de APP, especialmente en aquellos sectores con demoras más significativas como Educación y Salud.