Por: Christian Capuñay Reátegui

REFLEXIONES

 En poco menos de dos años, los ciudadanos tendremos que acudir nuevamente a las urnas con el propósito de elegir a nuestros próximos gobernantes para el siguiente quinquenio. Eso al menos en teoría, porque el tiempo que las nuevas autoridades permanecerán en el poder es incierto dada la inestabilidad política que vivimos y que es la responsable de haber tenido 6 presidentes en los últimos 8 años.

Nadie podría argumentar con lucidez y responsabilidad que estos cambios son inocuos. Por el contrario, sí es posible ofrecer una gama de razones por las que son perjudiciales. Quienes pagan las consecuencias no son quienes promueven la inestabilidad. El verdadero perjudicado es el pueblo cuyas justas aspiraciones por una mejor calidad de vida son postergadas.

La polémica vacancia presidencial impide a los gobiernos poner en marcha medidas de mediano plazo, además de alentar cada vez con mayor éxito una nefasta forma de hacer política basada en antivalores como la venganza, el oportunismo y la conveniencia.

En el plano económico, cualquier especialista subrayará que la inestabilidad política es uno de los factores que frenan el crecimiento y la generación de empleo. Pocos serán los inversionistas animados en incursionar en un mercado sin capacidad de asegurar reglas de juego sostenibles, por más que el discurso oficial de las autoridades diga lo contrario. ¿O usted alquilaría una vivienda sin tener la certeza de que su arrendador será el mismo mañana o en un mes? En la actualidad, sostener que el Perú ofrece estabilidad y reglas claras es una media verdad.

Y si hablamos de institucionalidad, la mayoría estará de acuerdo en que esta situación corroe las bases de los sectores que configuran y sostienen nuestra democracia. La Presidencia de la República, por ejemplo, se ha convertido para muchos sectores en un fin cuando debería ser un medio para trabajar por el bienestar de los peruanos.

Podrían citarse muchas consecuencias negativas más, pero conviene centrarnos en reiterar la urgencia de analizar cómo prevenir que un escenario de tales características se reedite en los próximos años. Este asunto debería ser uno de los principales temas del debate nacional. No obstante, es lamentable que el foco esté centrado en asuntos menores, casi siempre de orden judicial.

Es necesario promover el debate de este tema y la responsabilidad de hacerlo recae en todos los sectores involucrados: prensa, partidos políticos, poderes del Estado, sociedad civil, la academia, etcétera. Urge encontrar alternativas que ofrezcan salidas constitucionales en escenarios políticos que hasta la fecha se han resuelto mediante la fuerza de los votos y la vacancia presidencial.