La exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez insistió en su pedido ante el Poder Judicial para afrontar en libertad el proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

Chávez Chino presentó un recurso de apelación contra la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el último 10 de setiembre, en la que declaró infundada la solicitud que hizo para que se ordenará el cese del mandato de prisión preventiva que se le impuso en este proceso penal.

La defensa legal de la exjefa del Gabinete Ministerial demanda como pretensión principal que se revoque la resolución impugnada y reformándola se declare fundada su solicitud de cese de prisión preventiva y como pretensión subordinada se declare nula la resolución apelada y se ordene que otro juez supremo emita un nuevo pronunciamiento sobre su pedido de excarcelación.

Ante ello, Checkley resolvió el último 18 de setiembre “conceder” este recurso de apelación y remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas para emitir una decisión final al respecto.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 25 años de prisión contra Betssy Chávez al acusarla por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado, a raíz de este caso por el cual se encuentra recluida en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.

LA RESOLUCIÓN APELADA

La defensa legal de Betssy Chávez alega que su patrocinada viene sufriendo una prisión injusta y desproporcionada; no prevaleciendo la presunción de inocencia al tiempo de precisar que ya no concurre el peligro de obstaculización en atención a una resolución de la Corte Suprema emitida en vía de casación, en la que se establece que la no entrega de un equipo celular no puede ser considerada como una conducta obstruccionista o como indicio de culpabilidad, incluyendo este derecho la posibilidad del imputado de no aportar evidencia que lo autoincrimine.
  
Por ello, solicitó que se dé la oportunidad a su patrocinada de poder defenderse de los cargos que le atribuye la Fiscalía en libertad y tener derecho a un mandato de comparecencia.