La aprobación indebida del pago de vales de consumo a trabajadores del sector Salud generó un perjuicio superior a S/360 mil. A través del informe de Auditoría N° 032-2024-2-0663, la Contraloría General informó que dicho pago se autorizó sin sustento legal y habría beneficiado a servidores de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y la Red de Salud Islay. Entre los cuatro funcionarios involucrados figura el exgerente de Salud, Walther Oporto Pérez.

Según la Contraloría, el otorgamiento de los vales de consumo del programa de soporte nutricional «Apoyo Alimentario» de la Geresa incumplía los requisitos para ser considerado una condición de trabajo y transgredía las restricciones presupuestales de la entidad, afectando el uso de fondos públicos y generando un perjuicio económico de S/ 361 mil 746. Este desembolso se realizó en 2023 mediante la adjudicación simplificada N° 07-2023-GRS-GRA-1, que incluyó 406 vales de consumo a favor de trabajadores de la Geresa y la Red de Salud Islay.

El informe de la Contraloría señala la participación de cuatro funcionarios de la Geresa en la aprobación irregular de estos pagos. El primero es Walther Sebastián Oporto Pérez, exgerente regional de Salud, quien autorizó el pago del «Apoyo Alimentario» en beneficio propio y de otros trabajadores, sin contar con un informe técnico, legal o presupuestario que sustentara tal decisión. Por ello, la Contraloría considera que Oporto tendría presunta responsabilidad administrativa funcional y estaría sujeto a Proceso Administrativo Sancionador (PAS).

Los otros funcionarios involucrados son Miluzca Malbina Rivas Arestegui, exdirectora de la Oficina de Administración y Johnny Chacón Adco, exdirector de Planeamiento y Desarrollo de la Geresa. Ambos tendrían responsabilidad administrativa y PAS por haber aprobado y avalado presupuestalmente el pago de los vales, a pesar de que existían informes que recomendaban no entregar los citados tickets. Finalmente, Rolando Paucara Apaza, exjefe de la Oficina de Asesoría Legal, tendría responsabilidad administrativa funcional por aprobar el pago de los vales.

Los funcionarios ya rindieron su testimonio; sin embargo, no lograron desvirtuar los hechos de presunta responsabilidad. Por tal motivo, la Contraloría ha remitido el informe a la Geresa para que sea esta entidad la que determine las sanciones a los servidores involucrados.