La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró bien concedido el recurso de apelación que presentó la legisladora para revocar la resolución emitida con la que se ordenó la ejecución del levantamiento de su secreto bancario por pedido fiscal, en el marco de la investigación que se le sigue por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho congresal.

La Corte Suprema revisará la resolución judicial que ordenó levantar el secreto bancario de la congresista Heidy Juárez, quien es investigada en el Ministerio Público por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho congresal.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró bien concedido el recurso de apelación que presentó la Legisladora para revocar la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 19 de enero, en la que ordenó la ejecución de dicha medida a pedido del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

El tribunal supremo adoptó similar medida respecto al recurso de apelación de Miguel Ángel Chafloque Domínguez, asesor de dicha parlamentaria, implicado en este caso.

El colegiado presidido por el juez supremo César San Martín determinó que estos recursos de apelación cumplieron los presupuestos objetivos, subjetivos y formales establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitidos por lo que se deberá señalar la fecha y hora de la audiencia virtual para ser evaluados con la participación de las partes involucradas para emitir una decisión final al respecto.

El último primero de marzo, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la legisladora Heidy Juárez ante el Congreso de la República por el presunto delito de concusión a raíz de este caso.

La defensa legal de la congresista Heidy Juárez sostiene en su recurso de apelación que la audiencia en la que se evaluó el pedido fiscal de levantamiento del secreto bancario de su patrocinada se realizó luego de que el plazo máximo de investigación preliminar había culminado, que no se emitió pronunciamiento en relación con las alegaciones de improcedencia que presentaron.

Asimismo, se advirtió la ausencia de elementos de convicción; las testimoniales ofrecidas por la Fiscalía resultan contradictorias, lo que le resta credibilidad a la imputación fiscal,  no existen elementos de corroboración  y que el juez supremo Juan Carlos Checkley no efectuó un análisis de proporcionalidad de la medida.