Camaroneros e integrantes de la Junta de Usuarios de La Unión anunciaron un paro para el próximo 5 de noviembre en protesta por la afectación del equilibrio ecológico en la cuenca del río Ocoña. Acusan a la Compañía Minera Ares SAC de comprometer la zona de amortiguamiento y el Área Natural Protegida de la Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi, impactando gravemente en la pesca de camarones.

«La minera Inmaculada, ubicada en la cabecera de cuenca, nunca debió recibir el permiso para asentarse en la zona. El proyecto minero afecta gravemente el río, pues el relave minero está ubicado en una quebrada que, ante lluvias, está próximo a rebasar, perjudicando gravemente el río Ocoña y la subcuenca Cotahuasi, donde residimos comuneros y pescadores», denunció María Villagómez Rodríguez, comunera de la localidad.

El río Ocoña, que cuenta con tres subcuencas —Cotahuasi, Marán y Arma Chichas—, está en riesgo de sufrir un grave daño debido a las operaciones mineras en la cabecera de cuenca. Los residuos de la minera amenazan las actividades productivas a lo largo del río y sus alrededores, poniendo en peligro la subsistencia de 17 asociaciones de pescadores, cada una de las cuales cuenta con aproximadamente 100 integrantes. Según Villagómez Rodríguez, estas asociaciones generan hasta S/40 mil por temporada, por lo que cualquier daño ambiental tendría graves consecuencias económicas para la región.

La Junta de Usuarios de La Unión, presidida por Jaime Vera Huamaní, también alertó que las operaciones de la minera comprometen los ecosistemas frágiles de la Reserva Paisajística Cotahuasi, afectando tanto la flora como la fauna de la zona. Por esta razón, exigen la nulidad de la Resolución Directoral N° 0145-2021-MINEM/DGAAE y del Informe N° 0361-2021-MEM/DGAAE-DEAE, ambos emitidos el 3 de agosto de 2021 por el Ministerio de Energía y Minas, que autorizan la operación minera en dicha área protegida.

Para visibilizar su rechazo, la Asociación del Área Natural Protegida ha convocado una movilización para el 5 de noviembre, donde se espera la participación de comuneros y pescadores afectados por las actividades mineras.