La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y 22 gremios empresariales exigieron la derogación de la ley sobre crimen organizado aprobada recientemente por el Congreso, argumentando que esa normativa no brinda una respuesta efectiva frente al crecimiento del crimen organizado en el país.

Solicitaron que se tipifiquen delitos como la extorsión y el sicariato bajo el concepto de “terrorismo urbano”, con el fin de endurecer las penas y frenar el avance de estas actividades ilícitas que afectan gravemente a sus negocios.

En un comunicado conjunto, los gremios que representan desde microempresas hasta grandes corporaciones, como bodegas, ferreterías, restaurantes, boticas, y centros comerciales, denunciaron que la inseguridad se volvió insostenible en el Perú.

“Los sectores productivos del país sufren el asedio de las extorsiones y la violencia, lo que ha llevado a muchos a cerrar sus negocios o vivir bajo constante amenaza”, señalaron en la misiva.

La Confiep, junto a organizaciones como Accep, Armap, Aspan, Gamarra Perú, Adex, Canatur y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), hizo un llamado urgente al Ejecutivo para que se actúe con decisión política ante el incremento de las extorsiones y la violencia que sufren diariamente miles de empresarios peruanos.

Los representantes empresariales también reclamaron que el reciente cambio en el Código Penal, que flexibiliza la persecución del crimen organizado, agrava la situación.

“Los extorsionadores y sicarios han tomado control de vastas zonas del país, mientras que el Estado muestra una alarmante inacción”, indicaron.

En el comunicado, también pidieron el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, señalando que su debilitamiento solo facilita la expansión del crimen organizado en diversas zonas del país.