A su salida de la sesión de la Comisión de Presupuesto en el Congreso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez expresó su respaldo al actual chofer del ‘cofre’ de la presidenta Dina Boluarte, Félix Enrique Montalvo Guevara, quien es investigado por la Fiscalía por su presunta participación en el llamado “escuadrón de la muerte”, un operativo que terminó en la muerte de varias personas en el año 2015.

En ese sentido, el ministro Santiváñez sostuvo que “nosotros estamos en un país en el que debe primar la presunción de inocencia. Mientras una persona no tenga una sentencia que determine que es judicialmente responsable, tiene el derecho de hacer valer todas sus prerrogativas y todos sus derechos.”

“El caso del escuadrón de la muerte es un caso mediático en el que incluso se han determinado la existencia hasta de dos organizaciones criminales: una en Piura y otra en Lima. Todas las personas que se encuentran sujetas a este proceso están afrontando los procedimientos que se vienen litigando. Mientras el Poder Judicial no determine la responsabilidad de ninguno de ellos, tienen todo el derecho de hacer valer sus prerrogativas, de ejercer sus derechos y en este país vale la presunción de inocencia. Al señor (el chofer) no se le puede restringir ningún derecho”, indicó el ministro.

Además, el ministro comparó la situación de Montalvo Guevara con la de la fiscal coordinadora del Eficcop, Marita Barreto.

 “Ese es un derecho, por ejemplo, que está reclamando la fiscal Marita Barreto, que ayer han pasado audios en los que presuntamente ha entregado información privilegiada, que entreguen la prueba fuente, que demuestren que es mi voz (…)”. Santiváñez también aprovechó en cuestionar por qué en su caso, al que considera similar, el Ministerio Público estaría filtrando audios adjudicados a su persona.

Sobre el caso del llamado ‘escuadrón de la muerte’, en el año 2022 la Resolución de Secretaría General N° 0103-2022-IN-SG, emitida por el Ministerio del Interior, revela que el 26 de julio de ese año el ahora conductor del ‘cofre’ presidencial solicitó que el Ministerio del Interior contrate un abogado para ejercer su defensa legal. Sin embargo, el pedido fue negado.