El Gobierno central oficializó ayer, martes 1 de octubre, la extensión del estado de emergencia por 60 días en las provincias de Islay y General Sánchez Cerro (Moquegua) por peligro inminente ante contaminación hídrica. Desde la presidencia del Consejo Regional de Arequipa (CRA) confían en que este nuevo periodo permita cumplir los compromisos asumidos por el Ejecutivo a inicios de agosto.

El Decreto Supremo N° 102-2014-PCM abarca seis distritos de la provincia de Islay (Punta de Bombón, Cocachacra, Deán Valdivia, Mollendo, Islay-Matarani y Mejía) en Arequipa, y seis distritos de la provincia General Sánchez Cerro (Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, Omate, Coalaque y La Capilla) en Moquegua.

«Espero que en estos 60 días se pueda concretar la entrega de las plantas de tratamiento para Islay o, al menos, los estudios definitivos para su instalación. Es crucial saber cuándo se entregarán las plantas, porque sin 24 plantas que aseguren la calidad del agua, la extensión de la emergencia no tendría beneficio para la gente de Islay», declaró el presidente del CRA, Fernando Cornejo Pacheco.

El artículo 3 del citado dispositivo legal establece que la implementación de las acciones de emergencia se financiarán con los presupuestos de los ministerios involucrados: Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa e Interior, sin recurrir a fondos adicionales del Tesoro Público. En ese sentido, la celeridad de la PCM es crucial para asegurar el cumplimiento de lo prometido a Islay. 

Por su parte, desde el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) buscan que la emergencia se extienda por 180 días. Asimismo, esperan que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos con la región.

Primera planta de tratamiento en Islay

Desde el GRA informaron sobre la llegada de la primera planta portátil de tratamiento de agua potable. Esta será trasladada a la Punta de Bombón hoy, miércoles 2 de octubre y estará en periodo de prueba durante una semana. Si la planta logra reducir la contaminación de metales pesados en el río Tambo, se adquirirán 24 unidades, con un costo aproximado de 30 mil dólares cada una. Mientras tanto, el Ejecutivo regional continúa distribuyendo agua potable mediante cisternas a la población afectada.