BANCADA DE RENOVACIÓN POPULAR

Esta iniciativa legislativa establece que, aunque los implicados no estén presentes, un abogado defensor de oficio deberá asistir desde el inicio de la diligencia.

En un intento por modificar la legislación vigente sobre el crimen organizado, la bancada de Renovación Popular ha presentado una propuesta que busca permitir allanamientos sin la presencia de los investigados, según un documento del Proyecto de Ley N° 9114/2024-CR.

Esta iniciativa legislativa establece que, aunque los investigados no estén presentes, un abogado defensor de oficio deberá asistir desde el inicio de la diligencia, asegurando así el cumplimiento de las garantías legales.

El proyecto también aborda el tema del secreto bancario, proponiendo que su levantamiento no exceda los quince días, aunque podría extenderse por un período igual al de las diligencias preliminares, siempre que exista un requerimiento fiscal previo. Esta medida busca agilizar los procesos de investigación en casos de crimen organizado, según el documento.

En cuanto a la incautación de bienes, la propuesta estipula que esta debe realizarse bajo requerimiento fiscal y tendrá una duración inicial de quince días, con la posibilidad de prórroga similar a la del levantamiento del secreto bancario.

Estas disposiciones buscan fortalecer las herramientas legales para combatir el crimen organizado, permitiendo una mayor flexibilidad en las investigaciones.

El documento del proyecto de ley también menciona que, en situaciones de estricta necesidad y urgencia, el fiscal provincial puede solicitar al juez penal medidas limitativas de derechos, como el embargo o la orden de inhibición para disponer o gravar bienes, así como el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria.

Además, se contempla la posibilidad de realizar allanamientos en inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito, lo que podría ampliar el alcance de las investigaciones.

Estas propuestas han generado debate sobre el equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el crimen organizado y el respeto a los derechos fundamentales de los investigados. La presencia obligatoria de un abogado defensor de oficio busca mitigar las preocupaciones sobre posibles abusos en la aplicación de estas medidas.

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, anunció su intención de proponer la revisión de la Ley de Crimen Organizado en la próxima sesión de la junta de portavoces. Según declaraciones a la prensa, esta normativa, que ha sido objeto de críticas por parte de especialistas, estaría dificultando el trabajo del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú.