Por Silvana Pareja

La educación superior es un pilar esencial para el desarrollo de los países, ya que forma a los profesionales y líderes que impulsan el progreso social, económico y cultural. No obstante, uno de los desafíos más críticos que enfrenta este sector es la regulación de la calidad, la cual varía considerablemente entre naciones, dependiendo de los niveles de intervención gubernamental y la independencia que se concede a las instituciones.

Aunque la libertad académica es un principio clave que otorga a las universidades cierto poder en la toma de decisiones, los gobiernos juegan un rol fundamental en la gestión de los sistemas educativos. Determinar el nivel óptimo de regulación no es tarea sencilla. Si bien una supervisión centralizada a nivel nacional puede garantizar coherencia en los estándares de calidad, es necesario encontrar el equilibrio para no socavar la autonomía institucional.

Es así que se requiere de un marco regulatorio sólido que incluya procesos de licenciamiento y acreditación que es fundamental para mantener la calidad en el sistema de educación superior universitaria. Estos mecanismos permiten evaluar y supervisar a las universidades para asegurarse de que cumplen con los requisitos necesarios en términos de infraestructura, cuerpo docente y programas académicos. Es así que, esta regulación se ha vuelto aún más necesaria con la expansión del sector privado, especialmente de universidades con fines de lucro, que en muchos casos priorizan la cantidad de estudiantes sobre la excelencia educativa.

La importancia de la regulación de la calidad en la educación superior también está directamente relacionada con el crecimiento económico. En el caso de Perú, la falta de una regulación adecuada ha sido un factor que ha influido en su bajo desempeño en términos de competitividad internacional. El país ocupa un lugar rezagado en el ranking de competitividad económica del Foro Económico Mundial (2023-2024), lo que refleja las debilidades estructurales de su sistema educativo. Este índice es un claro recordatorio del papel central que juega la calidad educativa en la capacidad de un país para competir a nivel global. Sin una educación superior de calidad, es difícil que las economías locales se fortalezcan y desarrollen sectores productivos innovadores.

La regulación efectiva de la calidad en la educación superior no solo es una necesidad académica, sino también una estrategia crucial para el desarrollo económico y social. Los países de Latinoamérica, incluido Perú, deben esforzarse para fortalecer sus marcos regulatorios, asegurando que las universidades, independientemente de si son públicas o privadas, cumplan con los estándares necesarios. Esto no solo beneficiará a los estudiantes, sino también a la sociedad en general, al garantizar que la educación superior sea un motor real de progreso y equidad.

En conclusión, la regulación de la calidad en la educación superior es una herramienta esencial para asegurar la mejora en los estándares de calidad en la educación superior universitaria. Mientras que las naciones más avanzadas utilizan la educación superior como motor de innovación y desarrollo tecnológico, aquellos países con regulaciones inadecuadas permanecen anclados en sistemas educativos deficientes, que priorizan el beneficio económico inmediato sobre el avance del conocimiento. Sin una reforma profunda y un compromiso real por mejorar la calidad de la educación superior, cualquier aspiración de progreso se verá frustrada, profundizando las brechas sociales y comprometiendo el futuro de generaciones enteras.