Por: Carlos Meneses

El Parlamento tendrá que decidir antes del jueves una posición satisfactoria para la opinión pública en el combate a la delincuencia que azota Lima.

El Congreso de la República aún no ha decidido qué fórmula aprobará para hacer frente a la delincuencia en Lima. En el curso de las próximas horas se volverán a reunir los parlamentarios que, por de pronto, han descartado la posibilidad de aprobar la pena de muerte como castigo para aquellos que están asesinando y extorsionando a transportistas y bodegueros.

Mientras no se defina la política estatal y en la medida en que ha sido rechazada la propuesta gubernamental de reformas sugeridas por el gabinete, las decisiones sobre el tema que preocupa a peruanos han quedado en el aire.

El gobierno debe decidir si insiste en la aplicación de la pena de muerte que significaría la imposición de castigos vetados a nivel internacional para sancionar lo que ocurre en las calles de Lima. En tanto transportistas, dirigentes sindicales y otras formas de delincuencia han obligado a postergar una decisión que podría tener como consecuencia un paro general de transportes a partir del jueves 10.

Las diferencias son marcadas entre parlamentarios de derecha y una minoría que se opone a tal criterio y que tiene su sustento mayor en el grupo de Perú Libre que ha dejado de ser el mayoritario entre las bancadas el Congreso.

La posición de los gremios del transporte es cada día mayor con respecto a las medidas de combate a la delincuencia que ha llegado al número de 20 víctimas mortales en las últimas 2 semanas.