Por Erika Romero Díaz

El 9 de este mes llegarán 11 delegados de sindicatos de la Fiscalía a nivel nacional para informar sobre la crítica circunstancia por la que pasa este operador de la justicia en el Perú.

SEDES EN DISTRITOS FUERON NOTIFICADAS PARA DESALOJOS

La situación en la que laboran los servidores del Ministerio Público de Arequipa no ha mejorado, todo lo contrario, ha empeorado al punto que los trabajadores ven en una huelga preventiva de 72 horas la única manera de hacer oír su reclamo que se ha repetido en diferentes oportunidades incluso por escrito.

Este 9 de octubre, representantes de 11 sindicatos del Ministerio Público a nivel nacional llegarán a Arequipa, específicamente a la sala de reuniones de la sede fiscal de la calle La Merced 402, allí explicarán desde las 9 horas, las condiciones en las que sus agremiados deben laborar. El paro preventivo se ha programado para los días 14, 15 y 16 de este mes.

La secretaria del sindicato de trabajadores del Ministerio Público de Arequipa, Claudia Mostajo Díaz señaló que los días de paro se prestará servicio restringido solo en el área de Medicina Legal, en las demás oficinas no habrá atención, esto significa que no se dará trámite a las carpetas fiscales de los administrados que acuden a esta instancia en busca de justicia.

Mostajo sostuvo que antes de tomar esta medida se remitió oficios a diferentes instituciones relacionadas con el incremento de presupuesto y no solo lo han hecho los sindicatos sino también en el caso del distrito fiscal de Arequipa, la gerencia general.

RECLAMOS

Cuatro son los puntos en la plataforma de demandas. Uno de ellos tiene que ver con la escala remunerativa de los trabajadores. Mostajo explicó que hay aproximadamente 700 trabajadores que han sido contratados bajo los regímenes laborales 728 y del Decreto Legislativo 1057, que regula la Contratación Administrativa de Servicios (CAS). En cada una de estas formas de contratación hay aproximadamente 200 servidores, 400 en total.

“Entre estos grupos suman el 50% de los trabajadores de Arequipa. A nivel nacional son afectados 11 mil trabajadores del régimen CAS y 10 mil más del régimen 728. Ya tiempo atrás a través de los representantes gremiales se ha gestionado mejoras remunerativas acordes a la canasta familiar y por 10 años los trabajadores tienen sus sueldos congelados, en especial los CAS donde hay significativas diferencias en los haberes aún cuando realizan funciones similares. Por ejemplo, tenemos trabajadores que ganan menos del sueldo mínimo. Además de la mejora remunerativa buscamos una reducción de brechas”, sostuvo la sindicalista. A nivel nacional son 18 mil servidores.

El otro punto es la crisis presupuestal por la que pasa esta dependencia estatal. En estos días los titulares de pliegos acudirán al Congreso de la República para sustentar el presupuesto que requieren para operar con normalidad y brindar servicios a los administrados.

En Arequipa la situación del Ministerio Público es especial porque los reclamos presupuestales se han dado durante el año pasado y este.

Por ejemplo, en marzo de este año la sede de Medicina Legal, ubicada en la Av. Alcides Carrión se vio obligada paralizar la atención porque no tenían dinero para pagar los servicios de limpieza, tampoco se recogía los residuos biocontaminados y no contaban con el servicio de seguridad.

“Imagínese a esta dependencia llegan requisitoriados, internos del penal, sin seguridad uno de ellos puede tomar un objeto punzocortante y con ello iniciar una situación complicada, tener al personal de vigilancia es necesario y urgente”, nos señalaron, en aquella oportunidad, médicos legales que nos pidieron mantener sus nombres en el anonimato para evitar represalias.

Asimismo, mientras no hubo personal de limpieza la tarea la desarrollaron los mismos trabajadores de la Unidad de Medicina Legal, el material biocontaminado era depositado dentro de bolsas rojas y llevado a uno de los jardines traseros de la dependencia.

De estos hechos informaron por escrito al congresista Jaime Quito, se desconoce si en algún momento al legislador le explicaron las razones de esta falta de presupuesto.

De otro lado, en abril del mismo año, Mostajo comentó que las oficinas del Instituto de Medicina Legal en Camaná, Hunter e Islay tenían deudas de agua y luz, además los contratos de alquiler estaban por vencer.

“Las sedes de Islay y Hunter recibieron notificaciones para el desalojo y en Hunter se quedaron 11 días sin luz”, señaló en aquella oportunidad.

Mostajo también dio cuenta de la falta de papel bond, de equipos de impresoras que ya superaron ampliamente el tiempo de vida útil.

Pero no es solo eso también informó que hay un déficit de 60 notificadores. Los notificadores son personas que entregan las disposiciones fiscales a las partes involucradas en un proceso de investigación. En Islay, señala Mostajo, hay 4 notificadores y solo uno para toda la provincia de Camaná.

De otro lado, cuestionó que hasta la fecha no se haya podido concluir con el proyecto para que Arequipa tenga un laboratorio que analice muestras genéticas, útiles en casos de violación. Todas las muestras deben ser enviadas al laboratorio de Lima donde se demoran en procesarlas y esto retrasa el avance de la investigación fiscal.