Buscan formalizar a colectiveros por diez años en Lima y Callao

WALDEMAR CERRÓN PRESENTÓ PROPUESTA

El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón presentó una iniciativa que busca extender los permisos de operación para autos colectivos frente a críticas por ilegalidad e inseguridad.

Waldemar Cerrón ha propuesto una iniciativa legislativa para permitir la operación de taxis colectivos en Lima y Callao, argumentando que la exclusión de estas regiones vulnera el derecho al trabajo de quienes se dedican a esta actividad. Según Caretas, el congresista de Perú Libre sostiene que la mayoría de los limeños está insatisfecha con el servicio de transporte público y que muchas mujeres han sido acosadas en estas unidades.

La propuesta de Cerrón busca extender por diez años más el permiso para el transporte informal en autos colectivos, que actualmente está limitado a regiones fuera de Lima. Esta medida, según el congresista, es necesaria para garantizar un empleo digno a quienes dependen de esta actividad para su sustento económico.

De otro lado, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Industria del Transporte (CIT), en diálogo con Caretas, ha expresado su preocupación sobre los intereses políticos detrás de algunos transportistas que apoyan el paro, los cuales, según él, están más allá de las demandas de seguridad para las empresas y trabajadores afectados por la extorsión y la violencia de bandas criminales. Ojeda también criticó el apoyo a la ilegalidad en el uso de vehículos M1 para el transporte colectivo.

El contexto de esta propuesta se enmarca en un sistema de transporte público en Lima que, a pesar de contar con un Sistema Integrado de Transporte (SIT), es utilizado por el 88% de los habitantes de la capital, según datos mencionados por Cerrón. La iniciativa ha generado debate sobre la formalidad y legalidad del transporte colectivo en la región.

El año pasado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) expresó su preocupación por el aumento del transporte informal de pasajeros en la región, pues este tipo de servicio no autorizado es una de las principales causas del desorden en las vías públicas y representa un riesgo significativo para la seguridad de los pasajeros.

La ATU ha sido clara en su postura, manifestando un “tajante rechazo” hacia el taxi colectivo, una modalidad que consideran ilegal. Durante el año 2023, se han emitido 9222 actas de infracción relacionadas con la informalidad en el transporte y 2165 vehículos han sido enviados al depósito, según el comunicado de la autoridad.

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