Por: Carlos Meneses

El transporte informal participará en condiciones de igualdad, si se ordena un paro nacional del sector.

Los dirigentes del transporte formal y también los informales comienzan hoy, lunes, a organizar un paro indefinido de transportes a nivel nacional que tendrá como propósito lograr la derogatoria de lo que se ha dado en llamar “abuso de poder” para detener la delincuencia.

Lo curioso es que quienes más alegan en contra de que subsistan castigos muy severos que podrían llegar eventualmente a la pena de muerte son justamente los informales. Esto ocasionó una llamada de atención de parte de Jorge Montoya, parlamentario que discutió con el representante de la informalidad, al estimar que los informales no deben tener diálogo con el gobierno por su carácter de no ajustar su trabajo a normas legales.

La paralización del transporte pretende que el Parlamento revise nuevamente lo que virtualmente tanto el Ejecutivo como la mayoría de congresistas han aprobado y tienda a disminuir actos delincuenciales mediante castigo severo, que podría llegar hasta la pena de muerte cuando los implicados sean delincuentes con antecedentes o menores de edad que estén acostumbrados a practicar extorsiones y sicariatos.

La fecha probable del paro nacional ha sido estimada entre el 15 y el 20 de octubre, pues tienen que consultar también a las bases de provincias, como llaman en Lima al resto del Perú. El próximo paro tiene la ambición de lograr el concurso del transporte pesado y con ello se aplicaría la ley de severos castigos por impedir la libre circulación de alimentos en las carreteras nacionales.

Es de advertir que en el diálogo que se realizó entre Montoya y el representante del sector informal de transportistas hubo momentos de tensión y finalmente Montoya se negó a seguir tratando con quienes no tenían una representación válida.