Perú se enfrenta a un crítico retroceso en la libertad de expresión y de prensa, según el Índice Chapultepec 2024. El país sudamericano descendió del puesto doce al dieciséis, entrando por primera vez en una calificación de alta restricción sobre estos derechos fundamentales. El reporte revela un deterioro continuo que alcanza su punto más grave este año, agudizado por una pérdida acumulada de casi 34 puntos desde 2021. Según el informe, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son las principales fuerzas detrás de esta situación negativa.

El índice destaca el impacto devastador del caso Rolex, una investigación que sacudió la agenda pública en marzo de 2024 al cuestionar la procedencia de lujosos relojes y joyas de la presidenta Dina Boluarte. A raíz de esta exposición, la Fiscalía inició una pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito. La cobertura mediática de este caso se complicó debido a “comentarios estigmatizantes” de Boluarte, quien calificó las noticias de “tendenciosas y falsas”. Incluso, alegó que se utilizan los medios de comunicación para generar caos e incertidumbre en perjuicio del país.

Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) registró 251 ataques contra la prensa entre enero y setiembre del presente año. En ese sentido, en la categoría referida a la actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios, el país obtuvo solo 8,16 puntos de un total de 40.

Aunque el Congreso fue descrito como moderadamente negativo, también se consideró como una de las fuerzas políticas más hostiles con la libertad de expresión y prensa.

“En julio último, por ejemplo, el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto, impidió el acceso de la prensa a la sesión de la comisión permanente, donde se discutía la elección de los nuevos integrantes de la mesa directiva. Semanas después, el mismo parlamentario decidió denunciar por difamación agravada a Yessica Bazalar Sequeiros y Carlos Carrillo Berveño, periodistas de Radio Universal y Cusco en Portada, respectivamente, por emitir opiniones críticas sobre su desempeño como congresista”, precisó el documento.

Al mismo tiempo, la situación civil se ha visto agravada por el aumento de la inseguridad ciudadana, reporta el índice. En especial, las extorsiones en Lima han provocado un paro nacional de transportistas, exigiendo seguridad. A pesar de esta crisis, el Congreso de la República insiste en mantener la criticada Ley 32108, sugiriendo que “ha generado incentivos para que las organizaciones delictivas crezcan”.

En la categoría de Control de Medios y Periodistas, el país muestra un desempeño relativamente mejor con 19 puntos de un total de 30, pero no sin problemas. Aunque se observa “independencia en sus publicaciones”, persisten obstáculos como “agresiones contra periodistas” no solo originadas en el entorno gubernamental sino también judicial y legislativo.