Por Sergio Alva

Estamos en una situación complicada frente a todos los problemas que afronta el país, que parecen nunca terminar. Nos encontramos en un panorama sombrío y desolado que no pronostica nada beneficioso para todos y cada uno de los peruanos. Desde tiempos inmemorables, el país viene afrontando una situación de caos político, con autoridades que están velando más por si mismas que por las verdaderas necesidades del Perú. Eso nos lleva a lo que hoy vivimos como sociedad: esta sensación de inseguridad y la ola delictiva que atemoriza a los ciudadanos.

¿Cómo actuar ante estos problemas? Muchos especialistas señalan algo interesante, no para erradicar, porque este problema nunca va a terminar por completo, pero sí para poner un freno a toda esta crisis de seguridad ciudadana. Nos referimos a brindar facultades a las fuerzas del orden para que puedan actuar sin temor, ni limitaciones.

No obstante, esto tiene una traba muy importante, y que los progresistas usan cuando quieren politizar la labor policial y desacreditar a las fuerzas del orden, para apelar a la ausencia de respeto hacia las autoridades en las diferentes marchas violentistas que desarrollan contra alguna gestión que no calza con sus intereses. Para ser más claro, me refiero al Pacto de San José, una artimaña que fue creada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supuestamente para defender los derechos de las personas.

Gracias a este pacto, los países que la integran están limitados a ejercer justicia real ante los crímenes, que son muy graves. Según el artículo 4 del Pacto de San José, la pena de muerte, “sólo podrá imponerse por los delitos más graves”. Sin embargo, los crímenes como asesinato o violación no son considerados como “delitos muy graves”; por ello es que vemos que existen el incremento del sicariato y las extorsiones, porque la justicia solo otorga una pena privativa de la libertad por un tiempo determinado a quienes cometen esos delitos, o simplemente salen limpios de polvo y paja.

Otro aspecto limitado por el pacto son las acciones de las fuerzas del orden, pues muchos de ellos temen usar su arma de reglamento en defensa de la población, ya que luego podrían ser juzgados e incluso metidos a la cárcel. Esta es la prueba viviente de que la labor policial está desacreditada, y que la judicialización del trabajo de las fuerzas del orden se ha vuelto un enemigo potente para la sociedad que hoy pide a gritos acciones inmediatas para frenar la ola delictiva en el país.

Es necesario salir del nefasto Pacto de San José, que nos ha dejado con las manos atadas ante toda esta ola de criminalidad y desorden que vive el Perú. Y es necesario que las autoridades tomen el toro por las astas e impulsen la salida total de este acuerdo si quieren una verdadera justicia y la autonomía de este país que se desangra cada vez más.