Ayer, lunes 23 de octubre, los pobladores del Valle de Tambo iniciaron un paro de 72 horas en protesta contra el proyecto minero Tía María. Durante la primera jornada, se bloqueó temporalmente la Panamericana Sur y se registraron enfrentamientos con policías, lo que dejó vehículos varados en los accesos a las provincias de Arequipa e Islay.

Al grito de «Agro sí, mina no», los habitantes de Islay salieron a las calles desde las 10:00 horas. Al mediodía, se concentraron en la plaza San Francisco de Cocachacra, portando banderas verdes, y marcharon hacia el sector El Boquerón, en el distrito Deán Valdivia. En su recorrido, bloquearon momentáneamente la Panamericana Sur en el sector Ventillata, donde se produjeron breves enfrentamientos con agentes policiales que intentaba reabrir la carretera.

Los manifestantes exigieron la cancelación definitiva de los proyectos mineros Tía María y La Tapada, argumentando que la falta de licencia social es suficiente para detener su ejecución. Además, criticaron la postura del titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho Mamani, y del presidente de Southern Perú, Óscar Gonzales Rocha, por negarse al diálogo y continuar impulsando Tía María pese a los posibles impactos ambientales.

A pesar de los choques con los custodios del orden, los manifestantes reiteraron su intención de continuar la huelga de manera pacífica. «Mañana [hoy] continuaremos la paralización. Esperamos apoyo de las Juntas de Usuarios de Cocachacra, La Punta y Ensenada. Las juntas deben apoyar y no como otras personas que no apoyaron en nada desde el 2019 hacia adelante, esperemos que ahora lo hagan», declaró Mario Chirapo, dirigente del Valle de Tambo.

Los opositores al proyecto Tía María sostienen que la instalación de una mina de cobre en el valle afectaría gravemente la agricultura, ya que la actividad minera contaminaría el río Tambo, recurso vital para la población de Islay. Ante esta situación, los pobladores se mostraron dispuestos a dialogar con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para abordar la cancelación del proyecto.

Los pobladores de Tambo aprovecharon para denunciar que, pese a la contaminación causada por la minera Aruntani, las autoridades de la PCM no han visitado Islay ni implementado medidas que garanticen el abastecimiento de agua para la población.